Detalles de la querella del Gobierno que invoca la Ley de Seguridad del Estado en Aysén

SANTIAGO.- Este viernes el Gobierno concretó la tan anunciada invocación de la Ley de Seguridad del Estado en Aysén luego de una serie de manifestaciones realizadas durante las últimas horas por los habitantes de esa zona que buscan, a través de movimiento social, que el Ejecutivo satisfaga una serie de demandas para mejorar la calidad de vida en esa región.

Pese a que la presentación del requerimiento en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén sufrió un traspié, luego que los abogados del Ministerio del Interior no lograran presentaran el documento original (o copia legalizada) para acreditar a la cartera en la querella, Emol tuvo acceso a los detalles del líbelo.

El documento apunta principalmente sus dardos al dirigente de la pesca artesanal Honorino Angulo Mansilla, junto a otras 21 personas cuyas indentidades constan en los partes policiales de las manifestaciones realizadas desde mediados de febrero.

Respecto al pescador, Interior señala que él ha "promovido" e "incitado" a los demás habitantes a bloquear el libre acceso de puentes calles, caminos y otros bienes de uso público.

"Este actuar provoca además la paralización del funcionamiento de servicios públicos y de las respectivas actividades industriales, mineras, comerciales, de transporte y su distribución, impidiendo o dificultando el acceso, a las respectivas instalaciones", precisa el requerimiento.

A través de la prensa

En especial, señala el Gobierno a la justicia, Angulo habría utilizado a los medios de comunicación para manifestar "de forma explícita, no sólo anuencia con dicho actuar delictivo (bloqueos), sino que también incita, promueve o fomenta la materialización de dichas acciones y su persistencia en el tiempo, de no mediar solución a sus peticiones para lograr cambios económicos o sociales impidiendo incluso que puedan los distintos actores sociales del Gobierno mantener un diálogo que permita solucionar los conflictos".

El derecho

Todas estas actitides, según el Ministerio del Interior configuran el artículo 6, letras c) y d) de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, por "su intención positiva de inducir, promover o fomentar la realización de acciones delictivas (...) provocándose además desórdenes y actos de violencia destinados a alterar gravemente la tranquilidad pública descritas en la letra a) de la citada disposición".

Junto con ello, el requerimiento adjunta una serie de declaraciones que este dirigente de la pesca artesanal le ha dado a distintos medios de comunicación durante el desarrollo del conflicto en Aysén.

Respecto a los otros 21 ayseninos que aparecen nombrados en la querella se señala que ellos "fueron identificados por Carabineros, en los partes policiales en circunstancias que efectuaban acciones violentas que atentan contra la tranquilidad pública" y se parafrasean artículos de la normativa.