Tribunal de Valparaíso suspende condicionalmente el procedimiento "Fraude a la Intendencia"

SANTIAGO.- El Tribunal de Garantía de Valparaíso decretó hoy la suspensión condicional del procedimiento respecto de los tres imputados por malversación culposa, en la causa conocida como Fraude a la Intendencia.

La medida se decretó respecto de Gabriel Aldana Domange, entonces jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional y quien dejó el cargo al asumir la actual administración; Sara Peñaloza Escobar, entonces jefa del departamento Administrativo; y Víctor Quinteros Aravena, entonces jefe de la División de Análisis y Control de Gestión. Estos últimos, hasta la fecha se desempeñan como funcionarios de la Intendencia Regional.

La conducta que la Fiscalía les imputó fue, al poner su firma en los cheques a través de los cuales se habría consumado el perjuicio fiscal, no haber tenido el debido cuidado en el ejercicio de sus funciones. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por el mismo delito.

Conforme a la ley procesal penal, la Suspensión Condicional del Procedimiento es una forma de poner término a una investigación cuando se reúnen ciertos requisitos, entre los que están que el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, que la pena que pudiera imponerse en caso de sentencia condenatoria no exceda de tres años de privación de libertad, y que se someta a una condición durante un plazo determinado.

Ninguno de los imputados tenía condena anterior por crimen o simple delito; la sanción para la malversación culposa no tiene ni un solo día de pena privativa de libertad (cárcel); y se sometieron a trabajos comunitarios durante un año, poniendo sus profesiones o personas al servicio de tres instituciones diferentes.

Una vez ejecutoriada la resolución judicial, Gabriel Aldana trabajará en labores administrativas de la fundación Paicabí. Sara Peñaloza colaborará en diversas actividades a favor de adultos mayores en el Hogar de Cristo. Víctor Quinteros realizará actividades de extensión cultural para el hogar de estudiantes insulares de Juan Fernández e Isla de Pascua.

La investigación penal ha permitido establecer la grave falta de control de los recursos y procesos administrativos en la Intendencia, pese a lo cual se pudo establecer que los cheques fueron cobrados por caja por contratistas y funcionarios del Gobierno Regional que actualmente se encuentran formalizados por Fraude al Fisco y otras figuras penales, y respecto de los cuales la investigación se encuentra en su etapa final.