El fiscal jefe de Puerto Aysén, Luis Contreras.
José Alvújar, El Mercurio.PUERTO AYSÉN.- Mientras los principales líderes del Movimiento Social de Aysén viajaban a Santiago para reunirse con el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter en La Moneda, el Juzgado de Letras y Garantía local se declaró incompetente para tramitar 6 de las 22 causas contempladas en la querella por Ley de Seguridad del Estado interpuesta por el Gobierno.
La resolución judicial se basó en que a las seis personas aludidas se les atribuyen hechos que no están dentro de la jurisdicción de este tribunal ni del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Aysén.
Debido a este error en la presentación realizada por el Ministerio del Interior -que obligó a la realización de esta audiencia por incidente- es que el juez Juan Patricio Silva, junto con inhabilitarse de conocer los casos y remitirlos al Juzgado de Garantía de Puerto Cisnes, condenó a la cartera liderada por el ministro Hinzpeter, que obra como querellante, a pagar las costas del procedimiento.
Este es el segundo revés que sufre esa cartera de Gobierno con el juez Silva. El viernes pasado, al presentarse la querella que invocaba la Ley de Seguridad del Estado, el magistrado decidió no declararla admisible de inmediato, debido a que no se adjuntó en el libelo el decreto original o una copia certificada que acreditara a Hinzpeter como ministro del Interior.
El defensor penal público Fernando Acuña, quien representa a cuatro de los seis querellados, se manifestó satisfecho por la resolución.
"Esperamos poder continuar con ahínco la defensa de la gente en los tribunales que corresponden. No sólo porque se haya resuelto un asunto formal, sino porque se ha determinado que aquí se ha cometido un error importante que es enjuiciar a una persona en un tribunal distinto al que corresponde", señaló el profesional.
La audiencia por incidente de incompetencia fue solicitada por el Ministerio Público. Al respecto, el fiscal Luis Contreras explicó que se tomó la determinación de hacer esto, ya que en el detalle de la querella por Ley de Seguridad del Estado seis de los querellados no iban a poder ser indagados -en el caso que se tome esa determinación- por él debido a que los hechos que se le atribuyen no están en su jurisdicción.
Se trata de situaciones que se describen y que habrían ocurrido en Coyhaique, Lago Verde y Puerto Cisnes.
El representante de la fiscalía de Puerto Aysén aclaró que si el Ministerio del Interior decidiera retirar las querellas inmediatamente -de acuerdo a la ley- ellos deberían dejar de tramitarlas. Al mismo tiempo, declinó referirise al error cometido por el Ejecutivo al no considerar las competencias de cada zonas al redactar la querella.