Congreso Nacional aprobó Ley de Indulto que beneficiará a casi 7.000 reos

SANTIAGO.- El Congreso aprobó hoy la Ley general de indulto, que va a beneficiar con conmutación de penas a cerca de siete mil condenados por delitos que no sean considerados graves.

La reforma se enmarca en la llamada "nueva política penitenciaria" del gobierno y fue aprobada a comienzos de agosto del año pasado por el Senado con un apoyo transversal. Ayer fue despachada por la comisión mixta y pasado este mediodía la Cámara dio la aprobación.

Dentro de los beneficiados se encuentran los reos que estén cumpliendo penas de reclusión parcial (como por ejemplo nocturna) o por delitos que no sean graves. También ingresarán a esta categoría extranjeros con residencia ilegal que estén presos y mujeres que hayan cumplido los dos tercios de la pena. Para estas últimas se aplicará el requisito de que tengan "conducta sobresaliente y bajo estrictos criterios de selectividad", informó el Ministerio de Justicia.

El titular de la cartera, Teodoro Ribera, indicó que "esta ley de conmutación de penas no pone en riesgo la seguridad pública, porque estas personas ya pasaban gran parte del día en libertad. Es una iniciativa que permitirá mejorar la gestión al interior de las cárceles como parte de la nueva política penitenciaria que impulsa el gobierno. No queremos que los penales del país sean conocidos más como escuelas del delito".

Ribera agregó que la iniciativa -que deberá ser promulgada en los próximos días por el Presidente Piñera- busca que las personas con bajo nivel criminógeno no se "contaminen" con reos más avezados.

De las personas beneficiadas, 4.800 cumplen reclusión nocturna, 600 tienen salida controlada y 150 son mujeres.

Una de las condiciones que impone la iniciativa es que los condenados que accedan al beneficio deberán asumir un compromiso de que no volverán a delinquir. Sin embargo, si dentro de los años posteriores vuelven a realizar un ilícito tendrán que cumplir la pena anterior más la nueva.

Estos reos también quedarán sujetos a un control de Gendarmería por un plazo que no podrá superar los tres años.