SANTIAGO.- Los diputados PPD Rodrigo González, Enrique Accorsi y el DC Gabriel Silber formalizaron esta mañana ante Contraloría la petición de que ese organismo se pronuncie sobre la legalidad de la resolución exenta Nº 205 de la Dirección de Logística de Carabineros que adjudicó un contrato por más de $3.280 millones -sin un proceso de licitación pública_ con el cual se compraron 10 carros lanza aguas.
Los parlamentarios sostuvieron que la situación es "doblemente grave" y explicaron que por un lado da cuenta del deseo del Gobierno y de la policía por "mejorar su capacidad punitiva" en vez de buscar "métodos distintos para el control del orden público, como la mediación y el diálogo con los manifestantes".
Asimismo, reportaron que ninguna institución dependiente del Estado puede saltarse los procesos de licitación que están regulados por Contraloría, por lo que le pidieron a Ramiro Mendoza un informe al respecto.
"Esto es muy grave, pues al margen de la Ley de Contratación Pública, se ha buscado artificiosamente evitar el llamado a licitación pública y se ha hecho un trato directo por 5 millones de euros, lo que lesiona no solo el principio de legalidad de la contratación por parte del Estado sino que amenaza la eficacia de la administración al impedirse la competencia entre postores que podrían tener ofertas mejores", dijo el diputado González.
La crítica de los diputados de la Concertación recayó en el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, señalando que es él quien concentra sus esfuerzos y los recursos públicos en adquirir elementos para "reprimir a los chilenos en lugar de hacerse cargo con esos recursos de proteger a la población de la delincuencia".
Finalmente cuestionaron que haya "miles de poblaciones de Chile en donde no hay un sólo retén de Carabineros. Con 3 mil millones de pesos se podrían satisfacer muchas necesidades de la policía para darle seguridad a la población".