Amnistía rechaza proyecto de "ley Hinzpeter" por vulnerar DD.HH.

SANTIAGO.- El rechazo al proyecto de ley del Gobierno para el resguardo del orden público, conocido también como "Ley Hinzpeter", porque puede significar una vulneración a los derechos humanos, tales como la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación, expresó Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Chile durante la entrega del informe 2012 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

"Podrían quedar criminalizado como delitos hechos que no son más que el ejercicio de derechos humanos básicos como el derecho a reunión o la libertad de expresión. También se pena a quién promueve la manifestación. Entonces podrían darse casos, incluso absurdos, en que una persona que promueve una manifestación a través de Twitter, si esa manifestación termina siendo violenta, el tuitero podría terminar siendo penado con la ley hasta por tres años de cárcel", advirtió.

Piquer manifestó su preocupación sobre la reacción policial durante las manifestaciones sociales del 2011.

"En el control de manifestaciones ha habido alegaciones de uso indebido de carros lanza agua, gases lacrimógenos y balines, en algunos casos causando lesiones oculares. Se conocieron casos de torturas y otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual, contra estudiantes", recalcó.

En este contexto, la directora ejecutiva de AI lamentó la muerte de Manuel Gutiérrez, en agosto de 2011, tras recibir un impacto de bala disparado por Carabineros.

"Lamentablemente, en este caso aún no existe claridad en cuanto a la destitución efectiva de los Carabineros responsables, y la justicia militar ordenó la libertad bajo fianza del policía acusado de efectuar el disparo", enfatizó.

A juicio de Amnistía Internacional, el Gobierno no ha dado una respuesta sólida en esta materia, ni se han realizado investigaciones independientes e imparciales de todas las graves denuncias realizadas.

"Esta preocupación ya la hemos hecho presente al Presidente Piñera en la carta abierta que le enviamos en marzo pasado, y esperamos que esto permita iniciar un diálogo sobre la materia. También la hemos hecho presente al Comité contra la Tortura, para que lo tenga en cuenta en la próxima revisión periódica al Estado de Chile. Con todo, lamentamos que este tema no haya sido ni siquiera mencionado al pasar en el mensaje presidencial del 21 de mayo", expresó.

Piquer afirmó que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público, especialmente cuando se producen hechos violentos, pero ello debe hacerse siempre dentro del marco de los derechos humanos, respetando el derecho de quienes se manifiestan pacíficamente y recurriendo al mínimo posible de uso de la fuerza respecto de quienes utilicen la violencia.

La directora ejecutiva de AI solicitó reformar la Justicia Militar tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que su competencia se limite a delitos propiamente militares.

"Los casos de personas muertas por impactos de bala provenientes de Carabineros que han sido vistos por la justicia militar, han concluido sin una condena de cárcel, incluso en los casos en que se identificó y declaró un culpable. Esperamos que el caso de Manuel Gutiérrez – también en justicia militar – no corra la misma suerte", manifestó.

Sobre el conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuche, Piquer expresó su preocupación por el uso inadecuado de la legislación antiterrorista en contra de activistas, incluidos menores de edad, cuatro de los cuales enfrentan un proceso judicial.

"El uso de la Ley Antiterrorista en forma discriminatoria sería inaceptable, y no debiera ser en ningún caso utilizada para juzgar delitos cometidos en el contexto de la protesta social. Ello continuaría revelando una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche", recalcó.

La directora ejecutiva de AI, pidió al Gobierno chileno estar a la altura de su declaración de respetar "a mil" la libertad de reunión, de expresión y a manifestación pacífica.

"Mientras se sigan prohibiendo marchas en términos que afectan el derecho a reunión, y sigan existiendo denuncias de violencia policial y malos tratos en detención después de cada manifestación – como ya sucedió en el caso de Freirina – y no exista una respuesta enérgica para investigar, sancionar y prevenir abusos, sigue existiendo una deuda en esta materia. Mientras siga la "Ley Antitomas" en tramitación en el Congreso, sigue existiendo una contradicción", enfatizó.