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Santiago: Miércoles 24 de abril del 2024 | Actualizado 01:12
SANTIAGO.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió este jueves el procesamiento de siete ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.
El fiscal Carlos Bautista solicita también al juez Pablo Ruz que se dicten contra ellos órdenes de detención internacional, además de pedir a Chile la extradición de seis de los imputados y a Estados Unidos la de un séptimo involucrado.
Según el fiscal, que califica los hechos como constitutivos de un delito de genocidio, asesinato y otro de detención ilegal, la jurisdicción española es competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".
Bautista pide el procesamiento del ex director delegado de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, al considerar que fue quien ordenó "de forma directa" al jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, el secuestro y asesinato de Soria.
El resto de peticiones se refieren a los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, al teniente René Patricio Quiloth Palma y al sargento José Remigio Ríos San Martín, todos ellos miembros de esa brigada.
El jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, Michael Vernon Townley Welch, es el séptimo reclamado, ya que, según el fiscal, cedió la casa en la que fue torturado y asesinado el diplomático español porque funcionaba como centro clandestino de interrogatorios.
La fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976, cuando Soria, que trabajaba para la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, regresaba a su casa en su coche y Ríos Sanmartín y Lepe Orellana -vestidos de carabineros- "pretextaron una infracción de tráfico", lo detuvieron y se lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley.
"Soria fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, en las cuales le fracturaron todas las costillas (...) a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en el país, y ya con la idea de asesinarle y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron (...) media botella de pisco", detalla el escrito.
El fiscal sostiene asimismo que el proceso fue cerrado en Chile por una amnistía que "no resulta aplicable en nuestro ordenamiento, a diferencia de lo que sucede con la Ley (de Amnistía) española", y recalca que supone un "obstáculo que hace imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos".
Este procedimiento surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.
