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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 19:07
SANTIAGO.- No existen infracciones administrativas imputables al ex fiscal regional de la zona sur Alejandro Peña, quien se fue a trabajar al Gobierno en medio del proceso judicial por el denominado caso Bombas, ni tampoco de los demás prosecutores que llevaron adelante esta cuestionada investigación.
Así lo concluyó el sumario realizado por el jefe de la Fiscalía Centro Norte Andrés Montes, cuya ratificación fue dada a conocer este martes por la máxima autoridad del Ministerio Público Sabas Chahuán.
En la indagatoria se descartó además algún reproche al titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien justamente esta semana tuvo que declarar en este juicio que está en curso, luego de acusaciones de montaje por parte de algunos imputados, dado que la renuncia de Peña a la fiscalía y su "fichaje" en el Gobierno se dio tras las detenciones de los supuestos autores de colocación de bombas.
Chahuán explicó este martes que "la resolución del sumario no formula reproches al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter".
Junto con ello, el Fiscal Nacional se refirió a la situación del fiscal Peña, "el informe que se me propuso el investigador y que yo reproduzco en la resolución del sumario deja constancia que hay actitudes que se podrían reprochar y, eventualmente si hubiera formando parte de la fiscalía podrían haber sido sancionadas, pero como él ya no forma parte de la Fiscalía, la ley nos impide sancionarlo".
Entre las actuaciones, que se le podrían haber cuestionado de haber estado en el Ministerio Público, está -según señaló Chahuán- el haber tomado decisiones en el caso Bombas, mientras presumiblemente mantenía conversaciones con el subsecretario del Interior para pasar a formar parte de esa repartición que era querellante en la misma causa.
Tras descartar un reproche de cualquier índole a Hinzpeter, el Fiscal Nacional también exculpó de cargos -confirmando el sobreseimiento- de los demás fiscales que investigaron esta causa: Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rojas y Víctor Núñez.
Respecto de ellos, el sumario señala que no se advirtieron responsabilidades administrativas, argumentando que todas las órdenes de detención fueron concedidas por un tribunal de la república y que la ilicitud de pruebas señalada fue materia de discusión de la respectiva audiencia preparación de juicio oral.
Este sumario se abrió tras la denuncia de los diputados Marcelo Díaz, Sergio Aguiló, Hugo Gutiérrez y Sergio Ojeda realizada el pasado 5 de noviembre, quienes aseguraron que los prosecutores a cargo del caso "habrían incurrido en una serie de irregularidades e infracciones administrativas y legales en el proceso de investigación".
Agregando que esas situaciones estaban "destinadas a producir, reunir y presentar prueba con la finalidad de asignarle responsabilidad a una serie de jóvenes, prueba que se produjo, obtuvo y presentó al margen de la ley".
