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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 00:36
CONCEPCIÓN.- El delegado presidencial para Aldeas y Campamentos, Felipe Kast, junto al director del Serviu del Biobío, Sergio Jara, interpuso este jueves una demanda en el Juzgado de Garantía de Tomé contra familias damnificadas del 27-F, que recibieron sus nuevas viviendas y que aún no las habitan.
Con esta acción, ambas autoridades solicitaron la restitución del monto del subsidio habitacional asignado, ya que los beneficiados aún no se trasladan desde su aldea de emergencia, hasta sus nuevas viviendas.
La normativa ministerial exige que las familias deben habitar la residencia con la cual fueron beneficiadas.
El delegado Felipe Kast afirmó que "este es el año de la entrega de viviendas para las familias más golpeadas por la catástrofe del 27-F, y que ha significado un gran esfuerzo por parte del Gobierno, por lo que ver a familias que no habitan sus casas ya entregadas es frustrante para aquellas que aún siguen esperando su vivienda".
"A través de esta acción judicial queremos sentar un precedente para que las familias sepan que recibir un subsidio por parte del Estado significa también una responsabilidad por parte de ellas, y que de no cumplirlo, el Estado tiene el deber de demandar la restitución de ese subsidio para entregarlo a otras familias que realmente lo necesitan", dijo la autoridad de Gobierno.
Por su parte, Sergio Jara sostuvo que "a través de nuestras fiscalizaciones y denuncias que hemos recibido, hemos constatado que casas que han sido entregadas en febrero todavía no se encuentran habitadas por familias que son de aldeas. Esto es inaceptable, debido a toda la carencia habitacional que existe en la Región antes del terremoto y que fue acrecentada fuertemente después del 27-F".
Agregó que "estas acciones legales que hemos interpuesto se realizan para solicitar la restitución del subsidio asignado, lo que se va a traducir en que estas personas perderían la casa que se les entregó. Esto último para poder entregar este beneficio a familias que requieren de una solución habitacional que tiene un alto estándar y que tiene ADN de clase media".
El 26 de febrero de 2012 se entregó el conjunto habitacional Miramar en la localidad de Dichato en Tomé y, según denunciaron, a la fecha existen familias que todavía no se han trasladado desde su aldea a sus nuevas casas.
El contrato de compraventa para la adquisición de viviendas que suscribieron estos beneficiarios, obliga a habitar personalmente junto a su grupo familiar sus nuevas casas.
El plazo máximo para el inicio del cumplimiento de esta obligación es de 30 días a contar de la entrega material del inmueble, por lo que al no concretarse, faculta a Serviu de la Región del Biobío a exigir la restitución de la totalidad de los subsidios recibidos.
