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Mujer y adolescente acusados de quemar a joven en San Bernardo quedan en prisión

Pese a la gravedad del ataque, fue la propia víctima, Melissa Muñoz Romo, quien inculpó a González Picarte y su sobrino.

07 de Agosto de 2012 | 16:00 | Por Francisco Águila V., Emol
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Cristián Soto, El Mercurio

SANTIAGO.- En prisión preventiva e internación provisoria quedaron este martes Ana Emilia González Picarte (38) y su sobrino J.A.I.G. (17), acusados de ser los autores materiales de la brutal agresión que dejó con el 42% de su cuerpo quemado a una joven en San Bernardo.


La decisión fue adoptada por el juez de garantía, Rodrigo Hormazábal, quien escuchó los argumentos del fiscal occidente, Pablo Cortés, y los defensores Marion Puga y Rodrigo Catrifil, que representaban a la imputada y al menor de edad, respectivamente.


Durante la audiencia, el persecutor formalizó a los imputados por el delito de homicidio calificado en grado de frustrado, y reveló varias declaraciones de testigos, que señalaron que fue la propia víctima, Melissa Muñoz Romo, quien los sindicó como autores de la agresión.


Lo anterior, debido a que la afectada quedó conciente tras el ataque y logró hablar con algunos vecinos y carabineros.


A ello se sumó, el testimonio entregado por la hermana de la acusada, quien delató a Ana Emilia González Picarte y reveló que la idea era asesinar a un sujeto, de nombre Nicolás Cuevas, que habría atacado a cuchillazos a un hijo de ésta.


El fiscal Cortés sostuvo que los dos imputados son un peligro para la sociedad y la víctima, por lo que pidió la citada medida cautelar.


Los defensores Marion Puga y Rodrigo Catrifil,e n tanto, rechazaron la solicitud del persecutor, argumentando que ninguno de los dos tuvo la intención de matar a la mujer, sino que sólo causarle lesiones.


Pese a ello, el juez Hormazábal desestimó los argumentos, señalando que lo ocurrido -para él- configura el delito de homicidio frustrado.


"Es difícil para este tribunal pensar que el quemar a una persona no tenga el ánimo de matarla", señaló el magistrado, quien finalmente acogió lo solicitado por el fiscal.


Ahora, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) tienen 90 días para terminar la investigación.