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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 02:08
SANTIAGO.- Los dueños de cerca de 60 locales comerciales del centro de Santiago bajaron las cortinas de sus establecimientos por media hora, a partir de las 12:30, en repudio a los destrozos que dejan las marchas estudiantiles.
El presidente de la Corporación "Calle Dieciocho-Alameda", Zacarías Alarcón, explicó a Emol que los locatarios se sienten desprotegidos por la violencia y los saqueos y pidió a los dirigentes estudiantiles que convocan a las marchas, que asumen por los daños que sufren los comerciantes.
"Nosotros necesitamos trabajar, como los estudiantes manifestarse. Pero el término de las marchas no es correcto. Cada vez hay más violencia, más locales saqueados. Nos roban la mercadería. Detrás de esto hay gente que trabaja, que también son apoderados", señaló el propietario del restorán "Donde Zacarías", quien respaldó la decisión de la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, de no autorizar la marcha de hoy.
"Las imágenes hablan por sí solas. Los estudiantes también tienen papás y mamás, y no les gustaría que les destrozaran su fuente laboral, los trataran mal o saquearan su fuente laboral", agregó el dirigente.
"Les diría (a los estudiantes) que por favor ya está bueno, basta ya. Están quemando los buses, les diría que se pongan la mano en el corazón. Que se dediquen a estudiar y nosotros, a trabajar. Ojalá que los que convocan a esta manifestaciones, se hagan responsables de los daños que se producen", finalizó.
En tanto, el abogado de la Corporación Calle 18, Marcelo Brunet, dijo que están a la espera de que se declare admisible un recurso de protección que se interpuso ayer a raíz de las protestas por el centro de Santiago.
"Los locatarios, pequeños y medias comerciantes están molestos con el tema de las protestas. Cada vez que existe una manifestación de la Confech, la Aces, la Fech... no pueden trabajar adecuadamente", señaló. "La verdad es que están hartos".
Brunet agregó que si el recurso es declarado admisible "va a ser una buena oportunidad para determinar la legalidad y procedencia de esta clase de manifestaciones cuando la Intendencia lo prohíbe".
"La ciudadanía en su conjunto se ve afectada -finalizó el abogado-. No es un tema de 3 o 4 locales afectados, tiene que ver con una cuestión más de fondo: el derecho de los ciudadanos a vivir tranquilos sin que un grupo minoritario de persona quebrante ese derecho, a efectos de provocar violencia o hechos de violencia".
