SANTIAGO.- Chile rendirá un examen ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que realizará una visita oficial al país entre el 13 al 21 de agosto próximo.
"Siempre para nosotros es bueno denunciar, sobre todo en el ámbito internacional", afirmó a ANSA Gabriela Zúñiga, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), organización que fue invitada a reunirse con el Grupo de la ONU.
La misión estará a cargo de Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky, quienes examinarán las principales iniciativas y políticas emprendidas por el estado chileno sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, en el contexto de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
Los expertos también analizarán el desarrollo de las investigaciones y causas judiciales que han tenido lugar sobre casos de desapariciones forzadas, así como otros aspectos, incluidos temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desapariciones forzadas.
El Grupo de Trabajo visitará sitios de memoria y se reunirá con funcionarios del Estado, representantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos, con los familiares de desaparecidos, y representantes de las agencias de la ONU.
En cada visita oficial, la AFDD se ha reunido con los representantes, sin embargo, "nunca hemos visto los avances que esperamos con tantas ansias". Pese a eso, "siempre tenemos expectativas", afirmó Zúñiga.
"A los gobiernos les importa mucho su imagen internacional. Han vendido la imagen de que Chile superó no sólo las violaciones del pasado, sino también la pobreza y otros flagelos sociales. Alguien tiene que decir que no es así", enfatizó.
En esa línea, precisó que expondrán ante los expertos su "balance negativo" en materia de justicia y verdad.
"La sensación es indudablemente que hay impunidad en Chile. Tenemos una libertad que favorece el pronunciamiento fascista y además, entre todos los condenados por violaciones a los derechos humanos en el pasado, muy pocos están cumpliendo penas efectivas", denunció.
"La mayoría (de los violadores) sigue deambulando por las calles del país, porque se les aplicó la media prescripción u otros beneficios inaceptables. La ley de Amnistía de 1978, resabio de la dictadura, sigue siendo la gran deuda", completó.
Zúñiga detalló que también expondrán sus cuestionamientos al trabajo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y la criminalización de la protesta social que, denuncian, el gobierno pretende impulsar.
Abordarán además la violencia contra el pueblo mapuche, en particular contra los niños.
Según el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales, en 2010 hubo un estancamiento en las medidas oficiales sobre verdad, justicia y memoria respecto de las violaciones de derechos humanos del pasado, que coincidía con la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera.
En su informe 2011, la investigación constató que esa tendencia "se confirmó". "Pese a que ha habido avances parciales, no se ha logrado un claro e inequívoco repudio de parte del estado chileno a crímenes que el derecho internacional reviste con carácter de especial gravedad. Persiste una tendencia a negar, justificar o restarle importancia a lo ocurrido, tendencia que ha buscado mayores espacios de expresión y respetabilidad en el contexto de un gobierno de derecha", señaló el documento.
Respecto al proceder el Poder Judicial, el informe 2011 reveló que "sigue actuando en la investigación de causas relevantes, las penas son bajas considerando la gravedad de los crímenes, y solo alrededor de un tercio de ellas son penas efectivas de cárcel".
"Las obligaciones internacionales de prevenir, investigar, sancionar y reparar en forma integral se extienden además al Estado en su totalidad... en la agenda legislativa sigue pendiente la modificación al Decreto Ley de Amnistía de 1978 que se prometió en 2006", añadió.
La Comisión Rettig determinó a comienzos de la década de los noventa que unas 3.200 personas murieron a manos de agentes de la dictadura por causas políticas. De ellas, 1.192 son consideradas aún detenidos desaparecidos.
