Diputado Vallespín pide urgencia para proyecto que frena "abusos" de arrendadores morosos

SANTIAGO.- Tras el revuelo que provocó en las redes sociales el caso de los profesionales que no pagaron el arriendo por más de un año al dueño de una propiedad, transmitido ayer por el programa "En su propia trampa" de Canal 13, el diputado DC, Patricio Vallespín, solicitó al Gobierno aplicar urgencia al proyecto de ley que acorta los juicios en contra de los arrendatarios morosos.  

La iniciativa acorta de manera importante los plazos de los juicios de término de arrendamiento por no pago de la renta, cuya cifra anualmente llega a los 15.000 trámites y continúa aumentando, según informó el parlamentario.

Al respecto, Vallespín explicó que "es un tema que ha ido en aumento y es complejo, pues afecta a miles de familias que con esfuerzo se han endeudado para adquirir un bien raíz, con el fin de generar un nuevo ingreso para el hogar, y muchas se encuentran en riesgos de remates pues lo arrendatarios simplemente no pagan y lo que es más grave aún, se niegan a abandonar las propiedades".

Según el legislador, "lamentablemente, la ley de arrendamiento tiene un carácter marcadamente protector hacia el arrendatario, lo que muchas veces se traduce en normas que permiten la dilación indebida de los juicios de término de arrendamiento por no pago de renta, lo que causa graves e irreparables perjuicios a los propietarios arrendadores".

"Dentro de las normas que afectan a los propietarios, están los excesivos plazos que existen para cada uno de las etapas de dichos juicios, los que en promedio, duran 7 meses, además de 3 meses adicionales para ejecutar la sentencia, recuperando el inmueble con auxilio de la fuerza pública y expulsando de él al deudor. Por ello, este proyecto acorta a la mitad e incluso menos cada uno de los plazos, disminuyendo significativamente la extensión de estos juicios", explicó.

Otro problema que deben enfrentar los propietarios es que la actual ley establece que debe ser el arrendador quien debe notificar, por medio de un receptor judicial, a las empresas que suministran servicios básicos domiciliarios. "Entonces si el arrendatario no ha pagado los servicios de agua, luz y gas, debe gastar $30.000 por cada notificación para que esas cuentas no le sean cobradas, debiendo gastar en total $90.000 pesos, lo que queremos modificar, estableciendo que debe ser el tribunal quien mediante un oficio a las empresas en cuestión, informe esa situación", señaló.

Finalmente, el diputado dijo que “espero que en el Congreso se aprueben rápidamente estas modificaciones, ya que ellas irán en directo beneficio de muchas familias que han sufrido el abuso de arrendatarios morosos que han dilatado por meses la devolución de la vivienda que ocupan”.