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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 12:44
SANTIAGO.- "Guerrillas en su contra". Esta fue la advertencia que lanzó este viernes la vocera de los habitantes de Freirina, Andrea Cisternas, en contra de Agrosuper, luego de conocerse que la planta faenadora de cerdos presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Copiapó para anular su cierre.
En entrevista con "Radio Cooperativa", la representante de la comunidad sostuvo que la acción judicial de la compañía demuestra la "desesperación" por quedarse en la zona, pese al dictamen de la seremi de Salud de Atacama, Lilian Sandoval.
"Si es por eso, porque la Constitución los protege, nosotros también tenemos el derecho a reclamar lo mismo porque la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a vivir en un ambiente limpio", dijo.
A reglón seguido, aseguró que "en este momento hay un olor insoportable a caca de chancho", rebatiendo el argumento de Agrosuper que sostiene que no existe justificación sanitaria para las restricciones impuestas ni riesgo de salud para la población.
"Nosotros no podemos estar viviendo así toda una vida. Así que insisto: si se quedan acá no solamente van a haber movilizaciones, van a haber guerrillas en su contra", advirtió.
Las declaraciones de Cisternas ocurren horas después de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicara que la firma pretende "judicializar el tema ya que por la vía administrativa no encontraría una respuesta positiva".
"Lo único que puede hacer es superar las deficiencias sanitarias y hacer una solicitud de alzamiento del cierre temporal de faenas que es lo que la Seremi ha decretado. Al ver que ese camino no va a dar frutos porque no han cumplido en nuestra opinión con lo mínimo exigido para operar en condiciones de seguridad para la población", dijo al mismo medio radial.
La polémica responde a la publicación del diario "La Tercera", donde se informa que Agrosuper presentó un recurso de amparo económico contra la autoridad sanitaria de Atacama.
En ella, se argumenta que la autoridad Lilian Sandoval "ha actuado de forma ilegal, infringiendo el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, pues la prohibición de funcionamiento y el retiro de todos los cerdos desde la instalación no están regulados por la ley, específicamente por el Código Sanitario, ni por el Decreto Supremo que decretó la alerta sanitaria en la Provincia del Huasco, que expiró el 31 de agosto".
