Tribunal mantiene secreto de investigación en el caso Sobreprecios

SANTIAGO.- El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa del renunciado jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, Felipe Baeza, que requirió tener acceso a la totalidad de la investigación respecto a los sobreprecios en los aparatos antinarcóticos que serían adquiridos en el plan Frontera Norte.

Según estimó el tribunal, es indispensable mantener la reserva de los antecedentes para el éxito de las indagatorias que lleva la Fiscalía Centro Norte.

El abogado Pablo Larredonda, que representa a Baeza, declaró que el requerimiento correspondía a la necesidad de conocer los cinco tomos de la carpeta investigativa.

Sin embargo, tras el rechazo del magistrado, sólo podrá tener acceso a la información contenida en los tomos 1, 2 y 3, que ya fueron liberados para la defensa de los imputados de la causa.

En dicha instancia también se fijo una nueva audiencia para discutir la necesidad de mantener la confidencialidad de la información que se programó para el 18 de diciembre a las 12 horas.

El fiscal Jaime Retamal, a cargo del caso, compartió la decisión del tribunal argumentando que "se entendió que se trata de una investigación compleja en la cual se están tomando numerosas declaraciones tanto imputados como a testigos".

"En el curso de ellas va a ser necesario ahondar aún más en antecedentes vinculados con la licitación de fibroscopios, y por lo mismo el juez estimó que era razonable para asegurar la eficacia de la investigación, mantener la reserva y con eso permitirle al Ministerio Público indagar con mayor profundidad los detalles que fundamentan los hechos denunciados",  dijo.

Respecto a la querella que presentó el CDE esta mañana por cohecho, fraude al fisco y violación de secreto, Retamal –quien pertenece a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad- afirmó que se está revisando, mencionando que dicho libelo propone algunas diligencias “que pueden ser de relevancia para la investigación”.
 
"Justamente para establecer los vínculos que habían entre estas personas para realizar la licitación de equipos y para precisar la forma en las mismas se comunicaron o coordinaron entre sí", agregó.

En la misma línea, el persecutor no descartó vincular a otros sujetos en calidad de imputados, en referencia al renunciado sociólogo Carlos Álvarez -quien puso a disposición el cargo que ocupaba en el Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior- y René Castellón, quien se desempeñaba como asesor de la subsecretaría de Prevención de Delito.