Tribunal sobresee a testigo protegido que denunció corrupción de policías

SANTIAGO.- El Primer Tribunal de Garantía sobreseyó la causa en contra de cinco personas imputadas por homicidio frustrado de un ex funcionario de la PDI -actualmente en prisión preventiva- y por el delito de narcotráfico.

Esto, luego que le Ministerio Público solicitara a la magistrada cerrar definitivamente el caso, argumentando que los nuevos antecedentes recabados demostraron que la detención de los sujetos había sido ilegal y por detectives involucrados en una presunta red de protección y que permanecen en prisión preventiva, sindicados como autores de delitos de allanamiento ilegal, obstrucción a la investigación y abuso contra particulares.

Entre los imputados que fueron absueltos figura Paula Gamboa, quien es testigo protegido de la fiscalía metropolitana occidente desde que denunció a miembros de la PDI y funcionarios de Carabineros por irregularidades en los controles y se lograra desbaratar una supuesta organización de corrupción al interior de la Bicrim de Pudahuel y en la 30ª Comisaría de Radiopatrullas.

También fueron sobreseídos la pareja de Gamboa, Víctor Reyes, Romina Gamboa (30), Ana Muñoz (61) y P.T.R.G. (17).

Según explicó el fiscal Emiliano Arias, las causales para el requerimiento fueron dos que se fundan en la ausencia de responsabilidad penal.

"La primera es la de legítima defensa y la segunda es porque ocurren con posterioridad a la investigación hechos que extinguen la responsabilidad penal", dijo, aludiendo a la ilegalidad en la obtención de la evidencia.

"Uno como fiscal tiene que ser en cierto modo defensor y garante de que los procesos se verifiquen y se realicen con absoluto apego a la legalidad vigente", agregó, enfatizando que cuando eso no ocurre y la evidencia se obtiene mediante la comisión de delitos "ésta no puede ser utilizada".

Los hechos denunciados por Gamboa ocurrieron el 22 de marzo pasado cuando la mujer –en ese entonces embarazada de 5 meses-  fue detenida y formalizada por homicidio frustrado contra un detective al que propinó siete puñaladas.

En ese entonces, la imputada –a la que además se le encontró droga y más de $3 millones en efectivo producto de la venta de la misma- aseguró haberse defendido porque pensó que era víctima de un robo en su casa, ubicada en la comuna de Pudahuel.

La resolución del tribunal fue cuestionado por el abogado representante de la Policía de Investigaciones, Cesar Zamorano, quien manifestó que el fiscal Arias estaba haciendo más bien el trabajo de un defensor que el de un persecutor.

"Él se anticipa a todas las etapas procesales para él solicitar en el hecho la declaración de prueba obtenida con vulneración de garantía fundamental y esa solicitud se realiza por los defensores no por los fiscales", alegó el querellante.

"Lo da por probado ahora cuando no se ha establecido como debe establecerse, es decir, a través de un juicio y una sentencia judicial ejecutoriada que la prueba obtenida es falsa", continuó, detallando que el fundamento del fiscal es la declaración de la imputada y de testigos de su círculo.

Asimismo recalcó que Arias está interesado en desbaratar una "imaginaria" red de corrupción policial y por lo mismo, se apura en sobreseer y asumir una posición de defensa.

"Esta mujer (Gamboa) sigue traficando y es protegida por el Ministerio Público, así no funciona la Fiscalía en este país", manifestó categórico.

Y negó que los 10 funcionarios de la PDI detenidos hayan cometido los ilícitos por los que fueron formalizados y que hayan habido irregularidades en el procedimiento en el que se detuvo a imputada.

Por su parte, el defensor de la mujer, Cristián Mardones, aseguró estar conforme con la decisión de la justicia, destacando que "desde un primer momento nosotros dijimos que aquí había habido una diligencia claramente ilegal".