Red de explotación infantil: Tribunal deja en libertad a presunto cliente

SANTIAGO.- El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad al último detenido por su presunta vinculación a la red de prostitución infantil, que fue desbaratada el pasado 15 de noviembre por la Fiscalía Metropolitana Sur.

Se trata de Manuel Lucero (43), quien fue formalizado este miércoles por el delito de obtención de servicios sexuales reiterados de al menos siete menores, según los antecedentes que presentó el Ministerio Público para argumentar la solicitud de prisión preventiva del construtor civil.

La magistrada Francisca Zapata rechazó el requerimiento del ente persecutor y decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, durante el período de las indagatorias del caso.

Tras conocer la resolución del tribunal, el fiscal a cargo, Marcelo Apablaza, anunció que apelará ante la Corte, argumentando que la libertad de Lucero representa un peligro para la seguridad de las víctimas y la sociedad, enfatizando que "la particularidad de este imputado es que se involucra con más menores de edad que han surgido en la investigación y antes no estaban".

El investigador detalló que el número telefónico del detenido aparece en las libretas incautadas en el primer allanamiento y que fueron periciadas para dar con el paradero de otros clientes del prostíbulo.

Además, agregó, el detenido aparece en escuchas telefónicas y en el relato de las menores víctima, lo que reafirma la participación del profesional en los hechos que habrían ocurrido a principios de 2005.

"La imputación de él es anterior a la de los otros imputados", continuó, recalcando que se está investigando "una arista de un delito más grave porque en ese margen de tiempo, incluso, podrían haber menores de 14 años".

Por último, el persecutor aclaró que de las 16 personas detenidas en noviembre, sólo cuatro permanecen en prisión preventiva, tres de ellas sindicadas como regentas y un cliente al que se le imputaron nuevos cargos por producción y almacenamiento de material pornográfico.

Por su parte, el defensor de Lucero, Washington Fernández, destacó que los antecedentes que tenía la Fiscalía "no eran suficientes para justificar la privación de libertad de una persona y en consecuencia, el tribunal consideró razonable dejarlo con algunas medidas de aseguramiento como arraigo nacional y arresto domiciliario".

Asimismo, dijo haber conversado con su cliente sobre lo sucedido, estableciendo que "aquí hay mucho de error en cuanto a cuál eran las edades de las personas", aludiendo al desconocimiento del imputado respecto a la minoría de edad de las víctimas.

"Él no niega que les conoce, pero en cuanto a las relaciones que tiene, siempre sustenta que fueron con mayores de edad. Parece un gran desafío de la Fiscalía acreditar si estos hechos era de conocimiento o no de la persona que están involucradas", concluyó Fernández.