Tribunal de Santa Cruz condena a empresario agrícola por tráfico de inmigrantes

SANTIAGO.- El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz condenó, el pasado 12 de marzo, al empresario agrícola Eugenio Mujica Mujica, en calidad de autor de un delito consumado de tráfico de migrantes, ilícito cometido el 14 de febrero de 2012, en Arica.
 
El empresario fue sentenciado a cumplir una pena de tres años de reclusión, la que deberá cumplir en libertad, al acoger la solicitud de la defensa –y sin la oposición del Ministerio Público y la parte querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos- de otorgarle el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Además, se le condenó al pago de una multa de 72 UTM (unidades tributarias mensuales); la sanción accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena y el pago de las costas de la causa.

Mujica fue condenado al valor el conjunto de la prueba de cargo aportada, consistente principalmente en la declaración de siete ciudadanos peruanos, que formaron parte de un grupo de 43 personas de dicha nacionalidad, quienes ingresaron al país para trabajar en una cosecha de ciruelas en el predio "Hijuela Sexta El Manzano", ubicado en Isla de Yáquil, comuna de Santa Cruz, de propiedad de la Sociedad Agrícola y Vitivinícola Millahue de Apalta Limitada, de la que el condenado era representante legal y socio mayoritario.
 
El tribunal dio por establecido que Eugenio Mujica facilitó y promovió el ingreso a Chile del grupo de peruanos, ofreciéndoles "condiciones de trabajo muy ventajosas, además de costearles su traslado, alojamiento y alimentación, lo que convenció a los extranjeros; una vez que aceptaron, los hizo trasladar en bus hasta la frontera, donde Mujica hizo gestiones que posibilitaron su ingreso en calidad de turistas, en circunstancias que ellos lo hacían exclusivamente para trabajar".

El fallo agregó que para esto, Mujica "entre otras cosas, hizo valer su influencia como ex diplomático y sus contactos para que el personal de extranjería los dejara pasar sin hacer el control regular de estos casos".

"Precisamente dicho ingreso tuvo el carácter de ilegal al vulnerarse las normas pertinentes de la Ley de Extranjería y su Reglamento, porque los extranjeros no venían como turistas y tampoco contaban con la visa o permiso necesario para trabajar en Chile, el que si bien después se gestionó, tampoco se concedió", indicó la sentencia.

Además, el tribunal argumentó que la acción del empresario fue ejecutada con ánimo de lucro "esto es, con la intención de obtener un provecho económico a través de la mano de obra extranjera, que le permitiría asegurar la referida cosecha y las ganancias que esperaba de ella".

Asimismo, se estableció que los inmigrantes fueron engañados, luego que el imputado "no cumpliera con los pagos prometidos, los mantuvo alojando en un galpón abierto en pésimas condiciones y sufrieron hambre, frío y hacinamiento, hasta que la policía se constituyó en el lugar".