Incendio en cárcel de San Miguel: Policía reafirma que red seca y húmeda no estaban operativas

SANTIAGO.- El deplorable estado de la red seca y húmeda de la Cárcel de San Miguel al momento del incendio que afectó a la torre 5 del recinto y que dejó 81 reos fallecidos la madrugada el 8 de diciembre DE 2010, fue reafirmado este lunes por el subcomisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Oscar Maureira, quien declaró como testigo del Ministerio Público en el marco del juicio oral en contra de los ocho funcionarios de Gendarmería acusados de cuasidelito de homicidio.

Según detalló el policía ante el tribunal, incluso en los pisos 3 y 4 de la cruceta afectada no había agua, lo que fue corroborado por él durante las diligencias realizadas durante las horas posteriores a la tragedia.

Asimismo, el investigador detalló que sólo se podía obtener agua a través de un pozo existente en el penal que además permitía transportarla a baja presión hasta el segundo piso, evidenciando con esto la fragilidad de las redes antiincendio del recinto carcelario.

En la instancia, Maureira también relató el estado en que se encontraron los cuerpos de los internos fallecidos, mencionando que 50 de ellos estaban calcinados o con quemaduras de diversa consideración.

El testimonio del policía -que continuará mañana- fue apoyado con algunas fotografías tomadas al sitio del suceso y con planos de la zona afectada.

Para el fiscal regional Raúl Guzmán, la declaración del testigo reafirma la responsabilidad de los acusados respecto a la negligencia con la actuaron el día de los hechos, destacando que el día del incendio "ya se contaba con un informe de Bomberos del año 2008 que informaba que la red seca y húmeda no estaban funcionando".

"Incluso, un funcionario que ejerció el cargo de subrogancia como alcaide del penal lo informó a la dirección regional en su momento", sentenció.

La Fiscalía pretende condenar a José Francisco Poblete, Fernando Andrés Orrego, Francisco Javier Riquelme, Patricio Álex Campos, Segundo Sanzana, Carlos Bustos, Patricio Campos, Jaime San Martín y José Hormazábal por su presunta responsabilidad en el deceso de 81 internos.

Esto, porque a juicio del Ministerio Público los imputados no efectuaron la alerta oportuna y habrían omitido deberes y obligaciones al no adoptar los procedimientos correspondientes ante la emergencia.