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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 23:31
Luego de 69 días atrapados, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, durante 25 horas, por medio de la cápsula Fénix 2.
José Alvújar, El MercurioSANTIAGO.- El pasado 22 de julio la Fiscalía de Atacama comunicó su decisión de cerrar sin acusados la investigación por el derrumbe ocurrido en la mina San José, en la III Región, en 2010, y que dejó a 33 mineros atrapados durante 69 días.
En la audiencia, realizada en el Juzgado de Letras y Garantía de Caldera y presidida por la jueza Samantha Blanco, el fiscal regional Héctor Mella notificó su decisión de no perseverar en la investigación, "por no haberse reunido los antecedentes suficientes para presentar acusación".
La indagatoria, que se inició hace tres años, apuntaba a comprobar si se configuraban los delitos de prevaricación, lesiones leves, cohecho y homicidio, contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, el ex gerente de la mina San José, Pedro Simunovic y el ex jefe de operaciones Carlos Pinilla.
La fiscalía había iniciado la investigación "de oficio", luego que los 33 hombres quedaran atrapados en el yacimiento, y el objetivo de las diligencias era establecer si había responsabilidades penales tras el accidente.
Las pesquisas incluyeron allanamientos de las oficinas de la minera, para conocer el funcionamiento de la mina y una visita a las oficinas del Sernageomin, para conocer el historial del yacimiento. También se indagó el cierre de la mina, en 2007, y la autorización para su reapertura, en 2008.
Según publicó hoy La Tercera, la abogada de los dueños de la minera San Esteban, Catherine Lathrop, dijo estar conforme con la decisión de la fiscalía, señalando que es una "muestra clara" de que efectivamente sus representados no habían cometido ningún delito.
Además, la abogada solicitó el 5 de mayo pasado el sobreseimiento definitivo de sus clientes en la causa que involucró al operario Gino Cortés, quien perdió su pierna izquierda en un accidente en la mina San José, un mes antes de que los 33 mineros quedaran atrapados por un derrumbe.
La profesional recordó que el acuerdo reparatorio ya se había aprobado y que los dueños del yacimiento habían pagado "a entera satisfacción de la víctima la cantidad acordada (90 millones) en la referida salida alternativa".
En ese caso el fiscal Mella llegó al convencimiento que la caída de la roca que cercenó la pierna de Cortés se debió a un "lamentable accidente", que no había intención de causar daño.
