José Andrés Murrillo (38) y los otros querellantes del caso darán a conocer en marzo su postura ante la conciliación que les presentó la iglesia.
El Mercurio
SANTIAGO.- José Andrés Murillo participó durante su adolescencia en actividades de la parroquia El Bosque. Incluso, llegó a pensar que su verdadera vocación era el sacerdocio. Eso hasta que se dio cuenta de las actitudes abusivas del "poderoso" párroco Fernando Karadima -a quien conoció en 1994- y asumir que lo suyo era una misión "con el mundo", para evitar que otros jóvenes fuesen víctimas de actos ilícitos similares.
Hoy con 38 años y un doctorado en Filosofía y Ciencias Políticas, por la Universidad de Paris, y un Magíster en Sociología del Poder, el otrora feligrés y estudiante del Verbo Divino –que suele evitar las entrevistas- conversó con Emol sobre los cuestionamientos que por años ha manifestado en contra de la Iglesia, así como también el reciente nombramiento de monseñor Ricardo Ezzati como cardenal.
"Sigo pensando que no soy nadie para criticar las decisiones que se toman dentro de una institución con una lógica de poder bastante clara. Sólo me queda pensar que hay mucha gente dentro de la Iglesia que se la juega de manera muy comprometida respecto a los abusos de poder y esas personas van a quedar siempre en un segundo lugar", sostuvo.
Asimismo, indicó que la nueva designación de Ezzati por parte del Papa Francisco es algo que lo tiene "sin cuidado", pues su principal objetivo es trabajar en la Fundación Para la Confianza, creada y liderada por él y por el resto de los denunciantes de Karadima desde 2010, con la cual esperan proteger a las potenciales víctimas de maltrato en cualquiera de sus dimensiones, y no sólo de aquellos que ocurren dentro de la Iglesia.
"Me preocupa, eso sí, porque la Iglesia está a cargo de muchos temas educativos en el mundo y especialmente en nuestro continente. Yo no soy nadie para criticar, pero hay que empoderar a la sociedad para que se atreva a cuestionar las políticas de cómo se ejerce el poder y qué hace cuando ocurren abusos", explicó aludiendo a aquellos actos que, considera, envuelven injusticias de poder y coartan el libre albedrío.
La denuncia
Murillo fue novicio jesuita entre los años 98 y 99, congregación a la que ingresó por su admiración a la vida y obra de San Alberto Hurtado.
"Me habían dicho que Karadima era seguidor de él, pero después me di cuenta que era un impostor. Después, me salí por una desilusión de las lógicas de poder dentro de la Iglesia, incluso dentro de los jesuitas. Encontré mi vocación en el mundo, más que una institución que hoy en día vive más de defenderse a sí misma que otra cosa", dijo.
Al igual que el médico James Hamilton y el periodista Juan Carlos Cruz, Juan Andrés guardó un silencio prolongado, hasta que en 2003 decidió enviar una carta a la jerarquía eclesiástica denunciando los distintos tipos de abusos que enfrentó desde que conoció a Karadima en 1994.
Tras las constantes evasivas de la iglesia para enfrentar el contenido de aquella misiva de manera judicial, comenzó una lucha interna y social con el objetivo de que la justicia diera una respuesta favorable, rechazando las sanciones impuestas por la entidad católica, las cuales consistían en retiros espirituales y cese de funciones del religioso.
Últimas instancias
"La Iglesia muchas veces genera entornos abusivos y ante hechos como éstos te das cuenta que no hacen más que defenderse a sí mismos", explicó cuestionando la falta de "autocrítica y objetividad" de las altas esferas del prelado cuando se ven enfrentados a acontecimientos como los expuestos por los denunciantes.
Actualmente Fernando Karadima se encuentra en un convento ubicado en Avenida Bustamante. Los querellantes, en tanto, continúan analizando la conciliación propuesta por la Iglesia, la cual consiste en un acompañamiento espiritual y participación activa en una fundación próxima a formarse. La respuesta por parte de ellos se conocerá en marzo.
"Para nosotros es importante que la Iglesia admita su responsabilidad, porque eso le permitirá incluso a ella crear procesos mas transparentes y confiables para la gente. La gente tiene derecho a desarrollar su fe en ambientes libres de abusos y la Iglesia tiene el deber de garantizarles ese derecho con verdad y con verdad. Como el caso está prescrito, nos queda claro que sólo nos queda pelear por eso", finalizó Murillo.
