Formalizan a ex fiscal de Puerto Montt por apremios ilegítimos y abusos contra particulares

SANTIAGO.- Por los delitos de abusos contra particulares y aplicación de apremios ilegítimos a persona privada de libertad fue formalizado este lunes el ex fiscal de Puerto Montt Sergio Coronado Rocha, quien ya en 2010 fue investigado por un caso de escuchas telefónicas, interceptación y registro de comunicaciones, por el cual resultó sobreseído.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el fiscal regional de Los Ríos, Rafael Mera Muñoz -quien fue designado por el Fiscal Nacional para investigar las denuncias contra el ex persecutor-, los presuntos ilícitos habrían ocurrido los días 15 y 16 de abril de 2012.

Según detalló en la instancia, el imputado habría tomado declaración -junto a funcionarios de Carabineros- a la testigo Lilian Levipichún Mundaca, quien fue conminada a aclarar unos dichos efectuados con anterioridad a la Policía de Investigaciones bajo amenazas de enviar a sus hijas al Servicio Nacional de Menores (Sename) si no lo hacía.

Este hecho, agrega, ocurrió el domingo 15 de abril de 2012, cuando la testigo fue trasladada a las 08:00 horas desde su hogar, en el sector La Vara de la localidad de Alerce, en la comuna de Puerto Montt, hasta el Ministerio Público local, donde se le tomó declaración hasta las 12:55 horas.

Durante dicho procedimiento, sus hijas menores de edad quedaron solas en la casa, sin el cuidado de un adulto, y alrededor de las 11:00 horas fueron llevadas hasta la Fiscalía de Puerto Montt por personal de Carabineros.

Mera precisó que estos hechos que afectaron a la testigo Lilian Levipichún configuran el delito de abusos contra particulares.

Segundo hecho

El fiscal regional de Los Ríos comunicó además al imputado que se le investiga por un segundo hecho ocurrido el mismo 15 de abril de 2012, cuando funcionarios de Carabineros trasladaron aproximadamente a las 18:00 horas hasta el Ministerio Público de Puerto Montt a Milton Hernández Vargas, a quien se investigaba por la desaparición de Mariela Barra.

Según relató Mera, los funcionarios de Carabineros golpearon a Hernández para que confesara ser el autor del homicidio de Mariela Barra, todo ello ante la presencia del ex persecutor Sergio Coronado, quien no impidió las agresiones.

El fiscal precisó que Hernández estuvo 24 horas privado de libertad, sin que hubiera detención formal ni una orden judicial para tal efecto, plazo en el cual fue golpeado y sometido a apremios psicológicos durante el interrogatorio, lo que configura el delito de aplicación de apremios ilegítimos a persona privada de libertad.

Sin medidas cautelares

Tras escuchar dichos antecedentes, la jueza de Garantía Mónica Sierpe resolvió no imponer medidas cautelares al imputado, argumentando que no fue interpuesta una querella necesaria para tal efecto por la calidad de fiscal adjunto que tenía Coronado al momento de la comisión de los hechos por los que se le formalizó.

Ante ello, el Fiscal Regional presentó un incidente de nulidad a lo resuelto por la magistrada, expresando que el imputado ya no tiene la calidad de fiscal y que por lo tanto el privilegio de quedar sin medidas cautelares ya no lo beneficia.

Debido a que este incidente de nulidad no fue acogido por la jueza, el fiscal Mera anunció que estudiará recurrir a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que resuelva si impone medidas cautelares al imputado.

En tanto, el plazo que tendrá la Fiscalía para investigar se fijó en 180 días.

Incompetencia

Durante la audiencia, además, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Puerto Montt que se declare incompetente para conocer los delitos en los que habrían incurrido 6 funcionarios de Carabineros, argumentando que por haber cometido los hechos en el ejercicio de sus funciones, le correspondería conocer de estos hechos al Tercer Juzgado Militar, con asiento en Valdivia y competencia territorial sobre Puerto Montt.

La solicitud fue acogida por la magistrada Mónica Sierpe.

En la audiencia de formalización de la investigación participaron también los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.