Gobierno enviará proyecto que crea interventor para evitar cierre de Ues en crisis

SANTIAGO.- El próximo lunes en La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, firmarán el proyecto que, a través de una ley corta, crea la figura de un administrador provisional del Estado que podrá intervenir en universidades y colegios en caso de que se detecten situaciones graves que arriesguen la continuidad de estudios de sus alumnos.

La iniciativa, a la tuvo acceso "El Mercurio", buscará hacer una modificación a la actual legislación, entregando al Estado la posibilidad de intervenir antes de dictar la sanción que hoy se debe aplicar en caso de faltas graves: el cierre.

Según adelantaron desde el Mineduc, el proyecto establecerá que el administrador tendrá un plazo de dos años prorrogables en los que podrá presentar y trabajar un plan de acción que busque subsanar los problemas detectados, ya sean de índole académica, administrativa o económica.

Así, se explicó, se podrá por ejemplo, terminar con transacciones de una universidad con empresas relacionadas o fijar un plan de gestión más eficiente o, incluso, evaluar fusionar o vender parte del plantel a otra institución. Todo, siempre que el futuro de los estudiantes no se vea afectado. Dadas sus atribuciones, el administrador podrá también velar por el trabajo de los funcionarios y académicos.

En el caso de las instituciones de educación escolar, será la Superintendencia la que, al fiscalizar, podrá activar esta nueva facultad, mientras que en el caso del nivel terciario será el ministerio el que tomará estas decisiones, previa consulta al Consejo Nacional de Educación.

Se espera que en el futuro se traspase esta responsabilidad a la Superintendencia de Educación Superior. El proyecto que crea esta última institución se enviará el segundo semestre.

Alternativa

Actualmente, la ley solo permite dos tipos de sanciones para las instituciones de educación superior: una multa de 100 UTM ($4.180.000) o la revocación del reconocimiento oficial. Esto último impide que se entreguen títulos y por ello obliga al cierre del plantel.

Ante este escenario, las autoridades buscarán crear una alternativa que se activará ante otras causales. Ya no será necesario establecer que la universidad violó gravemente los estatutos para actuar (como ocurrió con la U. del Mar), sino que se podrá intervenir antes, al detectar antecedentes suficientes que revelen riesgo para los estudiantes.