Gobierno fija ante la ONU su postura a favor de la despenalización del aborto

GINEBRA.- Pese a la insistencia de la Alianza para que la Presidenta Michelle Bachelet modificara la posición que Chile fijaría hoy ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas sobre la despenalización del aborto, el gobierno se manifestó a favor de la interrupción del embarazo en determinados casos.

En el marco del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), el Ejecutivo respondió a las recomendaciones recibidas en enero pasado tras su presentación en el citado mecanismo de evaluación, que evalúa las políticas nacionales de derechos humanos al que se someten cada cuatro años todos los Estados miembros de la ONU.

Así, de las 185 recomendaciones recibidas de 84 países, Chile respondió hoy que aceptaba 180.

Sobre el aborto, el documento, leído por la embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra, Marta Maurás, apoyó la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo por tres causas: peligro de la vida de la mujer, inviabilidad del feto y el embarazo por violación.

Con esto, el gobierno rechazó una recomendación del Vaticano que había pedido a Chile respetar los derechos de la persona "desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".

"El ordenamiento jurídico chileno establece que la existencia legal de toda persona humana se inicia al nacer, esto es al separarse completamente de la madre", recalcó el gobierno en el referido documento.

La embajadora de Chile matizó ante el CDH que el actual programa de gobierno no considera dentro de la despenalización "la interrupción voluntaria por todo evento".

Asimismo, rechazó otro observación de la Santa Sede que apuntaba a preservar la "identidad de la familia" reconociendo que su fundamento es la unión de un hombre y una mujer.

Respecto a ese punto, Chile explicó que el Ejecutivo contempla la elaboración de un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos "acorde a las realidades y opciones de las personas".

En su intervención, Maurás apuntó la "voluntad" del Gobierno "de defender y avanzar en la derechos sexuales y reproductivos de todas las personas".

Ley Antiterrorista y reforma educativa

En otro ámbito, el Ejecutivo confirmó su compromiso de no aplicar la Ley Antiterrorista a los indígenas por "actos de demanda social".

Maurás aseveró que se trata de "un tema central dentro de las políticas del Estado" y adelantó que las autoridades creen que "una nueva relación" con esa minoría debe estar basada no sólo en los derechos individuales, sino también en los colectivos.

"Estamos por ello trabajando en una propuesta real de participación y superación de toda forma de marginación, racismo y discriminación", precisó la diplomática.

Otro tema que presentó como fundamental para el segundo mandato de la presidenta Bachelet fue el de la reforma educativa -desde la etapa preescolar hasta la superior- para garantizar "la igualdad, la inclusión social y el desarrollo".

"Estamos empeñados en cambiar las prácticas que han permitido tratar la educación como un bien de consumo y caminar hacia una sociedad más justa, democrática y participativa", explicó Maurás.

De las recomendaciones recibidas, Chile decidió rechazar también dos presentadas por Bolivia, una en relación a los derechos de los inmigrantes y las situaciones que pueden conducir a su detención arbitraria.

Al respecto, la delegación chilena indicó que "la normativa migratoria chilena es conforme al derecho internacional vigente" y que las normas sobre tránsito fronterizo no responden "a criterios discriminatorios por nacionalidad".

Bolivia había pedido igualmente que el país vecino garantice "el derecho a un amplio tránsito por los puertos del Pacífico", lo que Chile consideró que no era un cuestión para discutirla en el CDH.