Presidente de la Conacep asegura que reforma educacional es financieramente "inviable"

SANTIAGO.- Una fiscalización que vulnera el secreto bancario, trabas y exigencias adicionales para el sostenedor, además de una iniciativa que no se financia con los recursos de la reforma tributaria, son algunas de las consecuencias que enumera el presidente de la Corporación de Colegios Particulares de Chile (Conacep), Hernán Herrera, tras participar de la discusión y analizar cada una de las indicaciones realizadas por los senadores en la Comisión Unida de Educación y Hacienda.

El proyecto que pone fin al lucro copago y selección se encuentra en su fase de término. Hoy se espera el total despacho en miras a que el 31 de enero se apruebe la ley, pero para Herrera no ha terminado. Están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional para tratar de incidir en lo que han calificado un mal proyecto.

¿Qué le parece la opción que el Ejecutivo analizará sobre el arriendo? A 20 años de plazo, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y con escritura pública para los nuevos sostenedores.

Se abre la posibilidad de que para quienes creen un nuevo colegio se les permita arrendar bajo estas condiciones. Sin perjuicio de ello, nosotros creemos que resulta impresentable aún, que los únicos que quedan fuera de una solución de arrendamiento sean los colegios particulares subvencionados actuales que están relacionados. No hay ningún problema de que como el objetivo es el término del lucro y este es un arriendo regulado, se le permita al dueño de la propiedad este sistema de arriendo. Se debería hacer esta solución extensiva a los subvencionados particulares que a futuro constituyan estas corporaciones educacionales.

¿Comparte la postura que se estableció respecto a la selección, donde los colegios seleccionarán al 30%?

Establecer sólo un 30% de selección a un proyecto con características especiales no tiene ningún sentido, porque con un aula tan diversa, vas a tener el 30% de especificidades y un 70% que no las va a tener. Así es prácticamente imposible que se cumpla el objetivo final al que apunta el establecimiento. Hubiésemos creído más lógico que al menos esto hubiese funcionado al revés, 70% seleccionados bajo ciertas características y un 30% que no la tuviera y ahí sí hubiera operado el efecto par.

Se acordó que la Superintendencia de Educación va a tener registro de todas las cuentas bancarias, ¿qué le parece esta fiscalización?

No nos parece, no tiene justificación que se haga exigible el tema de poner la información bancaria a favor de la Superintendencia. Compartimos plenamente la posición de los senadores de la Alianza, en el sentido que aquí se está vulnerando el secreto bancario. Con la cantidad de información que hay hoy día, sin proyecto de ley, es suficiente para darse cuenta en qué se están gastando los recursos.

Ayer se dio por aprobado un elemento esencial de la reforma: el fin al financiamiento compartido.

Hubiésemos esperado de parte del Ejecutivo que estuviera claramente mesurado año a año como se va a ir reemplazando este financiamiento compartido y cuando se va a poder terminar. Esto genera una suerte de incertidumbre en los sostenedores que están cercanos al tope del financiamiento compartido. No es lo mismo que uno le diga que el Estado le va a reemplazar los recursos en 10 años a que le diga, capaz que en los próximos 40 ó 50 años.

El ministro dijo que en algún momento del tiempo todos los establecimientos iban a contar con montos cercanos a los $160.000. Eso nos parece absolutamente inviable. Porque si uno toma el financiamiento compartido tope que hoy existe, $84.000 lo multiplica por los 3.200.000 alumnos y lo toma como valor año, eso solo cuesta del orden de los 5.300 millones de dólares. Si uno toma en cuenta que toda la reforma tributaria para efectos de la reforma educacional considera 5.300 millones de dólares, es decir, pasamos los $84.000,  es imposible que escalemos más arriba de eso. Es inviable financieramente el proyecto.

¿Faltó mayor incidencia de la oposición?

Sí, echo de menos de parte de los parlamentarios que le exijan una mayor rigurosidad al Gobierno en términos de las cifras, que el informe financiero del Ministerio de Hacienda sea más riguroso de forma tal que nosotros sepamos, al menos, para los próximos 5 y 10 años, cuantos recursos se van a ir destinando para cada uno de los ítems que comprende este proyecto de ley, ni siquiera la reforma educacional completa.

¿Cuál es la sensación que queda frente al avance y aprobación de las indicaciones?

Tenemos una sensación de que todo lo que hoy día establece el proyecto de ley, ha quedado firme permanentemente. Todas las indicaciones que presenta la Alianza son rechazadas seis a cuatro, y todas las presentadas por parlamentarios de la Nueva Mayoría, ganan. No vemos que exista voluntad de mejorar el proyecto, si no de imponer mayorías circunstanciales.

¿Hay algo bueno?

Bueno, sí. Hay que destacar la indicación del senador Montes, en el sentido de que aquí este proyecto de ley, sin perjuicio de cuando se apruebe, empieza a regir el 1 de marzo de 2016. Esto es un avance que le quita al menos esta incertidumbre y ansiedad que tenían los sostenedores, porque si partía el 2015, era imposible adaptar toda la estructura administrativa y operacional en dos meses. Es un gesto.

¿Mantiene sus dichos de que este proyecto buscaba acabar con los colegios subvencionados?

La cantidad de trabas y exigencias adicionales que se le ponen a los sostenedores hace que estos definitivamente piensen en dejar su proyecto educativo. Además, no hay muchas posibilidades de mejorar en cuanto a calidad, porque no van a haber recursos y porque el riesgo que le adicionan con esto de dejar circunscrito a una lista taxativa los fines educacionales. En el fondo, en lo que se puede gastar los recursos hace que el sostenedor no vaya por ningún motivo a arriesgarse a que un gasto sea declarado sin fines educacionales y él tenga que devolver los recursos, pagar el 50% de la multa y más encima quedar al arbitrio de un funcionario publico para que juzgue un eventual delito desde el punto de vista civil y penal.

Sumas todo y los sostenedores, más allá de la propiedad, no van a estar disponibles a embarcarse donde hay pura incertidumbre y riesgo.

¿Qué caminos les quedan ahora para revertir el proyecto de ley?

Esperábamos que las inflexiones se hicieran en el Senado. Vemos que no van en esa línea. Nos queda una instancia que es el Tribunal Constitucional, donde sin lugar a dudas nos vamos a hacer parte y lo otro es ya una situación caso a caso. Vamos a orientar y ayudar a nuestros socios en el sentido de que cada uno va a estar frente a su propia realidad y vamos a ir viendo como se enfrenta. Ahora, no es una campaña del terror, cuando dicen que efectivamente les afecta en el corazón de su función que es su gestión. Te transformas en un mero administrador de recursos públicos, le pongan el nombre que le pongan.