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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 17:07
SANTIAGO.- La Presidenta Michelle Bachelet firmó este viernes un proyecto de reforma constitucional que establece la pérdida de cargos públicos por infringir las normas de gasto y transparencia.
La medida, que se enmarca dentro de la serie de iniciativas del Gobierno para enfrentar la crisis institucional provocada por los casos Penta, SQM y Caval, sería aplicada a partir de las próximas elecciones.
En la ceremonia de presentación del proyecto, realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de la Moneda, la jefa de Estado destacó que "hoy día nos convoca la voluntad de dar un nuevo paso en el fortalecimiento de la democracia y su legitimidad".
"Legitimidad que surge de la confianza que como sociedad depositamos en el correcto funcionamiento de las instituciones y en la idoneidad de quienes hemos elegido como representantes", explicó.
En esa línea, Bachelet reconoció que "esta confianza se ve dañada cuando vemos casos como los que hemos conocido en los últimos tiempos y ese no es el Chile del que estamos orgullosos, esas prácticas no se corresponden con un país trabajador, honesto y esforzado que reconocemos como nuestra patria".
"Es por ello que debemos frenar de raíz las acciones que se han ido enquistando en ciertos contextos, dañando nuestra convivencia y también nuestro sistema de representación. Dañan además la dignidad y el prestigio de los muchos representantes y autoridades que sirven a Chile con honor y generosidad", aseveró.
Detalles de la iniciativa
La Presidenta explicó que la reforma incluirá sanciones directas sólo a quienes ostentan cargos que no tienen facultad legislativa, dejando al propio Congreso el espacio para que determine medidas similares. Hasta ahora, el proyecto de ley de fortalecimiento de la democracia ya contempla penas de más de tres años de presidio.
"Quienes no respetan la ley para convertirse en representantes, no pueden estar tomado determinaciones en nombre de los chilenos. No representan a Chile quienes no respetan el interés general y el sentido de igualdad", dijo la Mandataria.
El proyecto forma parte de los anuncios que la jefa de Estado realizó al presentar el Consejo Asesor Presidencial anticorrupción el 11 de marzo, ocasión en la que también estableció su compromiso de aumentar las exigencias para las declaraciones de patrimonio de autoridades, la cual ya presentó hace algunas semanas.
"Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética. Al mismo tiempo, Chile necesita reglas claras para el financiamiento público de campañas y sanciones ejemplarizadoras para aquellos representantes que no cumplen la ley", concluyó.
