Tribunal fija para junio formalización de primeros políticos vinculados al caso Penta

SANTIAGO.- Para el próximo 22 de junio a las 9:00 horas, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la formalización de los cinco primeros políticos presuntamente vinculados a delitos tributarios y a financiamientos irregulares de campañas electorales.

Ello, luego que ayer la Fiscalía Nacional ingresara la solicitud de audiencia para formular cargos contra el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, el ex senador de la UDI Jovino Novoa, el ex diputado Alberto Cardemil, el senador Iván Moreira y el diputado de la UDI Felipe de Mussy.

A todos, el Ministerio Público les comunicará que son investigados por hechos que tienen relación con la facilitación de boletas o facturas maliciosamente falsas por servicios no prestados y que fueron emitidas a Penta y SQM. 

De acuerdo a los antecedentes reunidos por el equipo de fiscales que dirige el fiscal nacional Sabas Chahuán,  Novoa habría enviado facturas desde la empresa de la que es socio, Inversiones y Mandatos S.A. a Banpenta II Ltda y Penta II Ltda.

Incluso, su secretaria declaró que él le solicitaba el envío de boletas al holding y la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, lo acusó de pedirle lo mismo a SQM.

Moreira, en tanto, será formalizado respecto a una serie de boletas presumiblemente "falsas" pagadas por el Grupo Penta y cuyos dineros habrían ido a parar a su campaña electoral. En total, se trata de cinco documentos tributarios por $22 millones, extendidos por la ex asesora Andrea Schultz, su chofer Rodrigo Molina y la secretaria de la UDI, Verónica Nieto.

A De Mussy, la Fiscalía le imputará hechos similares a los que se le atribuyen a Moreira y que, de acuerdo a los antecedentes incluidos en la carpeta investigativa, se trata dos boletas "falsas" emitidas por su amigo, el entrenador de fútbol José Tomás Garcés, que suman $7,2 millones.

Pablo Zalaquett es indagado por la entrega de $15 millones que proporcionó Penta para pagar a la empresa Reactor SPA, para su campaña senatorial y por el pago de $67 millones para su campaña senatorial a través de las empresas Asesorías Cristina Zúñiga EIRL y Reactor SPA que habrían emitido facturas ideológicamente falsas a SQM para tal efecto.

Por último, Cardemil -uno de los primeros citados a declarar ante los fiscales del caso- será imputado por su relación con una boleta por $7 millones cuyo monto también habría sido destinado de manera irregular para financiar campañas políticas.