SANTIAGO.- La urgencia de avanzar en la aprobación del proyecto de reformas laborales como una medida efectiva para evitar las prácticas antisindicales, planteó el subsecretario del Trabajo, Yerko Ljubetic, luego de recibir las denuncias de persecución de dirigentes de los trabajadores de tres empresas de la Región Metropolitana.
Los representantes de las organizaciones sindicales de Alimentos Fruna Ltda., Lapiz López (ILOP S.A.) y Alfa acusaron a sus respectivos empleadores de separarlos de manera ilegal de sus funciones, inmediatamente después de constituir sindicatos en sus lugares de trabajo.
También reclamaron que se obstaculizaron los procesos de negociación colectiva y que se transgredió la ley vigente al despedir a trabajadores que gozan de fuero.
Por lo anterior, le solicitaron al subsecretario mediar en este conflicto para lograr la reincorporación de los trabajadores marginados en forma arbitraria.
Ljubetic afirmó que, además de los problemas familiares y económicos que los despidos acarrean, la recurrencia de estas prácticas no permite avanzar hacia un sistema de relaciones laborales basado en el entendimiento directo entre empleadores y trabajadores, condición esencial para los desafíos que debe enfrentar el país.
Recordó que una de las medidas que contiene el proyecto de reformas laborales que impulsa el Gobierno en la materia es elevar las multas por prácticas antisindicales, que actualmente oscilan entre 1 a 10 UTM. En los hechos, "multas tan bajas no ayudan a prevenir prácticas antisindicales porque muchos empleadores prefieren pagar montos poco significativos en lugar de aceptar la existencia de una organización de trabajadores en su empresa".
"El bajo nivel de sindicalización que existe en el país está más relacionado con la presión de ciertos empleadores que no reconocen las ventajas del entendimiento con sus trabajadores para mejorar la productividad, más que con el desinterés en organizarse", añadió.
Por ese motivo, la iniciativa del Gobierno considera también darle un rol más activo a la Dirección del Trabajo, para que pueda investigar con mayores atribuciones las denuncias de actos que atenten contra las organizaciones sindicales.
