SANTIAGO.- Diez recursos judiciales en contra de igual número de empresas medianas y pequeñas, de las cuales se tienen antecedentes que trabajan con programas computacionales ilegales y que no han aceptado una auditoria voluntaria, interpuso la Asociación de Distribuidores de Software (ADS).
Ximena Verdaguer, presidenta de la entidad, declaró al vespertino La Segunda que este tipo de acción judicial la cursan las propias empresas informáticas que distribuyen los softwares y es básicamente una medida prejudicial probatoria.
Sin embargo, la ejecutiva no reveló el nombre de las empresas aludidas, precisando que "si lo difundimos van a guardar todos los computadores y no se podrá realizar en ellas la auditoría" entrega del pase escolar.
