NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, presentó hoy una demanda contra la compañía MonsterHut por el envío de más de 500 millones de mensajes electrónicos a consumidores que no habían dado su permiso para ello.
La compañía, con base en Niagara Falls; su director ejecutivo, Todd Pelow, y el director técnico, Gary Hartl están acusados de publicidad fraudulenta y de asegurar que su servicio de mercadeo electrónico contaba con el visto bueno de sus destinatarios.
La demanda alega que la lista de receptores incluye numerosos nombres de individuos a los que la compañía nunca preguntó si deseaban recibir sus mensajes y que ésta se benefició con esas prácticas ilegales.
Desde marzo de 2001, MonsterHut ha inundado los buzones electrónicos con más de 500 millones de anuncios sobre una variedad de bienes y servicios, a la vez que las quejas de los consumidores han sido abrumadoras, indicó el fiscal de Nueva York.
Más de 750.000 receptores habían reclamado a la compañía que los borrara de su lista de destinatarios y decenas de millares se habían quejado a la empresa Pae Tec, que proveía el acceso a la firma en Internet.
Este proveedor cortó el servicio a MonsterHut a comienzos de mes, después de que un tribunal de apelaciones ratificara que esta empresa había violado sus compromisos contractuales sobre envíos masivos de publicidad no solicitada.
Sin embargo, esto no le impidió a MonsterHut continuar con sus prácticas a través de otro proveedor de Internet.
El fiscal Spitzer indicó que parte de esta invasión publicitaria a través del correo electrónico (spam, en inglés) "es un vehículo para el fraude", además de suponer una molestia para el usuario.
El fiscal neoyorquino subrayó que la demanda presentada hoy en la Corte Suprema del estado, en Manhattan, "supone la próxima batalla en nuestra lucha contra el fraude en la red y un intento de ayudar a los consumidores a mantener el control de sus buzones electrónicos".
Spitzer pretende descubrir cómo la compañía y sus principales directivos obtuvieron las direcciones de los afectados y obligarles a pagar sanciones económicas por los perjuicios causados, además de impedir que sigan con sus promociones indeseadas.
