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Gobierno entregó informe sobre el mercado de las telecomunicaciones

Tras la consulta, se propondrán medidas para dinamizar el sector.

13 de Octubre de 2006 | 14:25 | El Mercurio Online

SANTIAGO.- El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) presentó hoy los resultados del Informe Remoción de Obstáculos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en el Corto Plazo, cuyo contenido contempla futuras modificaciones estructurales a la normativa del sector.


El ministro Sergio Espejo explicó que a través de esta consulta pública se buscó identificar normas y procedimientos de la regulación de telecomunicaciones que han quedado obsoletas, resultan redundantes o constituyen una carga ineficiente para las empresas del sector. “Como gobierno nuestro objetivo es que las empresas destinen sus recursos humanos y financieros a entregar servicios de mayor calidad y menor precio. Ello exige evitar destinar energías a cargas regulatorias innecesarias”, señaló el secretario de Estado. 


La consulta pública iniciada, por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en mayo pasado, contó con las observaciones de veinte compañías y entidades público-privadas vinculadas al sector.


Recepcionó un total de 350 sugerencias que fueron agrupadas en un informe que contiene 46 materias donde destacan servicios complementarios, cuenta única telefónica, derogación de normativas obsoletas, procedimientos de concesiones, operadores móviles virtuales, servicios de VoIP, portabilidad del número y resolución de controversias, entre otros.


“Queremos entregar señales concretas en nuestro esfuerzo por poner al día la regulación acorde a las tendencias tecnológicas existentes, y dejar claro que la idea es permitir el desenvolvimiento del mercado en términos de competencia e incentivos a la inversión, protegiendo los derechos de los usuarios”, puntualizó el Ministro Espejo.


Por su parte, el subsecretario de Telecomunicaciones, Pablo Bello, señaló que el compromiso gubernamental es derogar, modificar, interpretar o perfeccionar un total de 36 normas o decretos que no contemplen carácter legal antes de diciembre de este año. Además, se pretende perfeccionar procedimientos administrativos internos, fundamentalmente en las áreas de atención de reclamos y concesiones. Asimismo, se garantiza revisar durante 2007 las 10 materias restantes (esto debido a los tiempos de análisis e interlocución con la empresa privada que requiere cada una de éstas).


Entre las materias tratadas se encuentra la regulación de servicios de VoIP, donde se concluye que los prestadores de servicios de VoIP que hacen uso de la numeración de la red pública telefónica y, por tanto, permiten tanto efectuar como recibir comunicaciones de dicha red, requieren de un título habilitante. Los servicios de voz sobre internet que no cumplen con dicha premisa, es decir, que no permiten su acceso desde la red pública telefónica, no se encuentran regulados por la normativa sectorial, por tanto, sus comunicaciones pueden establecerse libremente conforme con el tratamiento general de las aplicaciones de la red.


El compromiso del MTT apunta a que, una vez resuelta la discusión en el ámbito de la libre competencia, se dicte una normativa que permita categorizar los servicios de voz sobre internet que interactúan con la red pública telefónica. La idea es considerar la propia naturaleza tecnológica de la prestación que puede tener elementos que la distingan de la telefonía local y de la móvil.


Otro ámbito que también recibió comentarios por parte de las compañías fue el actual procedimiento de otorgamiento, modificación y recepción de obras de concesiones: existe la necesidad de revisar y desburocratizar los procedimientos administrativos relativos a la modificación de las concesiones para que determinados elementos puedan ser modificados por simple comunicación a la Subtel sin necesidad del decreto respectivo.


Por otra parte, la Subsecretaria sólo realizará recepción de obras dentro del plazo de 30 días, fuera de este se aplicará el silencio administrativo establecido por ley. Esto sin perjuicio de continuar ejerciendo las acciones administrativas que le manda la ley, tales como procedimientos de cargos, fiscalización y otros que puedan programarse posteriormente a este plazo.

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