Senado mexicano aprueba creación de un registro nacional de telefonía móvil

MÉXICO.- El Senado mexicano aprobó hoy reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que establecen la obligación para las empresas de crear un Registro Nacional de Telefonía Móvil como un medio para inhibir la extorsión, el secuestro y las amenazas telefónicas.

Los senadores aprobaron con 88 votos la creación de este Registro Nacional que obliga a las empresas a crear también un registro de las llamadas, con los datos sobre el origen y destino de las comunicaciones.

Estas reformas obligan a las empresas telefónicas a crear un registro de todos sus usuarios a más tardar en un año.

El Registro Nacional de Telefonía Móvil deberá contener los datos de cada persona, el nombre completo, domicilio, nacionalidad, registro oficial con fotografía, comprobante de domicilio y la huella dactilar directa o electrónica.

Las fiscalía federal y las estatales tendrán acceso a esta base de datos sin autorización de un juez para investigar las denuncias ciudadanas sobre delitos de extorsión, secuestro o amenazas.

"Esta ley es un gran avance para combatir a la delincuencia, principalmente en el rubro del secuestro y la extorsión”, dijo el senador Mario López Valdés, quien propuso esta reforma en junio de 2007.

En las consideraciones de la propuesta se recordó que en México existen 700 bandas delictivas que se dedican a estas actividades.

De acuerdo con un informe del Consejo para la Ley de Derechos Humanos, en el periodo 2001-2007 en el área metropolitana cada día se registró un promedio de 200 extorsiones vía telefónica, de las cuales en el 37 por ciento de los casos se pagó el rescate, lo que significó un botín de más de 14 millones de dólares para las bandas.

Los estados donde más se realizan estos delitos son, además de la capital, el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
Añadió que el 95 por ciento de los casos de extorsión se realizaron por medio de celular, y el resto desde teléfonos públicos, mientras un 80 por ciento de las llamadas se originó desde los centros penitenciarios.

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en el país había hasta septiembre pasado un total de 73,1 millones de usuarios, de los cuales casi un 90 por ciento son clientes de prepago.

Las reformas fueron enviadas al Ejecutivo para su publicación a más tardar en un plazo de 60 días.