Lagos da plazo hasta el viernes para que se devuelvan las indemnizaciones

El Presidente Ricardo Lagos enfatizó hoy que todos aquellos funcionarios que recibieron indemnizaciones y que siguen hoy trabajando para el gobierno o para el Estado en una actividad remunerada por éste, "esos funcionarios el próximo viernes o devuelven los dineros que recibieron o presentan la renuncia a sus cargo".

03 de Octubre de 2000 | 12:53 | UPI
SANTIAGO.- El Presidente Ricardo Lagos dio hoy un plazo hasta el próximo viernes para que los funcionarios públicos que recibieron millonarias indemnizaciones y que continúan en cargos en el gobierno, devuelvan los dineros al erario nacional.

El jefe de Estado fue enfático en señalar que aquellos empleados que no se rijan por sus medidas deberán renunciar a sus cargos.

"Todos aquellos funcionarios que haciendo uso de un derecho, el que no lo cuestiono, siguen hoy trabajando para el gobierno o para el Estado, en una actividad remunerada para el Estado, esos funcionarios el próximo viernes o devuelven los dineros que recibieron o presentan la renuncia a sus cargo", afirmo el mandatario.

Lagos indicó que "a la función pública se llega a servir y no a servirse", y reiteró que todos los funcionarios que estan en cargos de su confianza se tendrán que sujetar a las indemnizaciones que están establecidas en el Código del Trabajo.

Así también anunció que la circular que mandó en julio a las diversas empresas del Estado la convertirá en un proyecto de ley, de manera de evitar que a futuro se generen problemas con las indemnizaciones.

El Presidente realizó estas declaraciones en el hospital El Pino, donde asistió junto a la ministra de Salud, Michelle Bachellet, para dar a conocer el presupuesto para dicha aerea.

Las palabras del Primer Mandatario se enmarcan dentro del escándalo por indemnizaciones pagadas a ejecutivos de la Concertación, que se desempeñaron en altos puesto de empresas fiscales.

A 28 días de las elecciones municipales, el oficialismo está generando una estrategia para contener el efecto negativo de la situación. Los que más han demostrado preocupación son los parlamentarios de la coalición, quienes se sienten perjudicados ya que ellos, al igual que los alcaldes y concejales, deben luchar los votos en la calle.

Pese a que aún no se ha definido cuáles serán los castigos a los involucrados, existen tres alternativas que finalmente serán definidas este viernes en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana: expulsar de la colectividad a los militantes a medida que sea descubierta su participación por la comisión investigadora; que una vez que ésta recabe todo los antecedentes, sean expulsados en conjunto de una sola vez y la otra alternativa es marginarlos a medida que se compruebe su participación en los hechos denunciados.

Por otra parte, esta comisión investigadora tendrá un máximo de 60 días para concluir responsabilidades.

Por el momento, la primera cabeza del escándalo es el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Marcelo Rodríguez, quien es acusado de haber recibido 41 millones de pesos por cuatro años de desempeño como secretario general de la Empresa Nacional de Petróleos (Enap), quien ayer hizo llegar una carta a la directiva de la DC, en la cual pide que se le acepte su renuncia a la mesa nacional del partido.

Escándalo también ha profundizado las diferencias entre la DC y el PPD

El enojo democratacristiano lo hizo público el diputado Zarko Luksic, quien dijo que el PPD tuvo una postura hipócrita al apuntar los dardos sólo contra militantes de la DC, cuando muchos de los directores involucrados pertenecen a la colectividad que lidera el diputado Guido Girardi. Para muestra, el parlamentario recordó los nombres de Daniel Fernández, ex director del Metro y actual gerente general de Enap, e Iván Valenzuela, ex ejecutivo de Codelco.

Con el nuevo ultimátum del Presidente Lagos se satisfacen en parte los anhelos de buena parte del país y de la Alianza por Chile, quienes entregaron esta mañana una carta al Mandatario dándole un plazo de siete días para entregar toda la información sobre los montos totales -según estimaciones ascenderían a US$ 8,5 millones- y la totalidad de los ejecutivos involucrados en el tema de indemnizaciones, ya que no creen -dice la carta- que el Gobierno desconozca algún antecedente al respecto.
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