Estudian pedir la extradición de Pinochet a Argentina

"Eso es efectivo", sostuvo la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira, ante consultas de la prensa sobre la posibilidad de que Pinochet sea enjuiciado en Buenos Aires. Advirtió que, además de Pinochet, se estudia pedir la extradición de otros jefes de la DINA, policía secreta del régimen militar.

03 de Octubre de 2000 | 17:45 | AFP
SANTIAGO.- La familia del general chileno Carlos Prats, que murió hace 26 años en un atentado atribuido al régimen del general Augusto Pinochet, busca la extradición del ex dictador a la capital argentina, informó este martes la abogada Pamela Pereira.

"Eso es efectivo", señaló la abogada de la familia Prats, ante consultas de la prensa sobre la posibilidad de que Pinochet sea enjuiciado en Buenos Aires.

El general Prats fue el antecesor de Pinochet en la jefatura del Ejército, vicepresidente y ministro del Interior durante el gobierno del presidente socialista Salvador Allende.

Tras el golpe que encabezó Pinochet y el suicidio de Allende, el 11 de septiembre de 1973, Prats y su esposa Sofía Cuthbert viajaron al exilio en Buenos Aires, donde murieron cuando una bomba estalló bajo su automóvil en el barrio de Palermo, el 30 de septiembre de 1974.

Basada en las investigaciones que inició hace cuatro años, la jueza argentina María Servini de Cubría notificó a Pinochet que existen cargos en su contra, el pasado 4 de mayo, dos meses después que el ex dictador regresó desde Londres, donde permaneció 503 días detenido cuando España intentó su extradición.

Pero el caso de España era distinto, según la abogada Pereira, porque los delitos que investigaba el juez Baltasar Garzón fueron cometidos en Chile, mientras el asesinato de Prats fue ejecutado en la capital argentina.

"El Estado argentino investiga un atentado terrorista que ocurrió en su territorio", advirtió la jurista, al precisar que, además de Pinochet, estudia pedir la extradición a Buenos Aires de otros jefes de la DINA, la policía secreta del régimen militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990.

La jueza Servini de Cubría, que al iniciar sus investigaciones en enero de 1996 encarceló al agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, interrogó en Santiago, a fines de mayo a cuatro oficiales retirados del Ejército: los generales Sergio Arellano Stark y Eduardo Iturriaga Neumann, el coronel Jorge Iturriaga Neumann y el brigadier José Zara.

Arellano Stark enfrenta en Santiago un proceso por los crímenes de la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que fusiló sin juicio a 75 presos políticos y cuya investigación determinó que la Corte Suprema privada de su fuero a Pinochet el pasado 8 de agosto.

Sin su inmunidad como senador vitalicio, Pinochet enfrenta ahora un juicio en manos del juez Juan Guzmán Tapia, que investiga los homicidios de la "Caravana", como parte de las 171 querellas presentadas contra el ex presidente de facto.

El "Caso Prats" se reactualizó esta semana en Buenos Aires, donde la Cámara Federal debe pronunciarse sobre la prescripción del crimen, que plantearon los cuatro ex oficiales interrogados por la jueza, además del general retirado Manuel Contreras, que también aparece imputado y que fue el creador de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional).

Contreras permanece en la cárcel de alta seguridad de Punta Peuco, 50 km la norte de Santiago, por el asesinato en Washington del ex canciller socialista Orlando Letelier, muerto junto a su secretaria Ronnie Moffit cuando una bomba estalló bajo su automóvil el 21 de septiembre de 1976, en un atentado similar al del barrio de Palermo.

La bomba que mató a Letelier y su secretaria fue instalada por el agente de la DINA Michael Townley, que en 1979 fue condenado a prisión en Estados Unidos.

Townley, que recuperó su libertad y vive en ese país bajo protección y con una nueva identidad, admitió el pasado 8 de mayo que también fue él quien instaló la bomba en el automóvil del matrimonio Prats.
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