SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, pidió hoy la renuncia a todo el directorio de la empresa de Correos de Chile debido al escándalo derivado por el pago de fuertes sumas de dinero por concepto de indemnizaciones.
Así lo confirmó esta tarde en La Moneda el ministro del Interior, José Miguel Insulza, enfatizando que "aquí no se están equilibrando cuestiones de partidos, sino que simplemente se están tomando decisiones en bien del prestigio de las empresas públicas y del Gobierno que es necesario siempre proteger".
Agregó que los miembros del directorio de Correos podrán devolver en un corto plazo los dineros recibidos por concepto de indemnizaciones en una entidad bancaria aún por definir.
La decisión de Lagos de pedirle la renuncia a los máximos ejecutivos de Correos se produce mientras realiza una visita a la Novena región.
El escándalo generado por el tema de indemnizaciones, tocó gravemente a la Empresa de Correos de Chile. En horas de esta mañana, el presidente del directorio de la empresa, Emilio Soria (DC), presentó su renuncia al cargo a través de una carta privada que entregó al ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz.
Soria acusó a la gerente general de la empresa, Soledad Lascar, de desatar una polémica sobre las indemnizaciones "sólo para disimular sus propios errores, una pésima negociación colectiva y el contrato inconsulto e injustificado por 46 millones de pesos pagados por tres meses de trabajo de un abogado".
La renuncia habría sido motivada por los reiterados desacuerdos producidos entre el directorio de la empresa y su gerente general, Soledad Lascar quien realizó las primeras denuncias en el tema de indemnizaciones, señalaron fuentes de Correos de Chile.
En una conferencia de prensa Soria dijo hoy que "jamás he pagado ni recibido indemnizaciones, al contrario, en esta empresa las evité, pero tampoco he dispuesto de dineros que no son míos para fijar montos de remuneraciones o honorarios que no tienen nada que ver con la realidad del mercado".
"No estoy dispuesto a poner en riesgo mi prestigio ni menos mi honor para tener debajo de este directorio a una persona que no sabe conducir la empresa. Esto puede llevar a un gran desastre y no quiero ser ni por mucho cómplice de ello", señaló aludiendo a la gerente general, María Soledad Lascar (PPD), a quien acusó de desatar la polémica sobre las indemnizaciones "para disimular sus propios errores al llevar a cabo una pésima negociación colectiva y el contrato injustificado de un abogado por 46 millones de pesos".
Añadió, en este sentido, que "el tema no es si están allí por razones políticas exclusivamente (refiriéndose a la gerente general, quien es esposa del vice presidente del PPD, Víctor Manuel Rebolledo), porque adicionalmente debiéramos estar por nuestros conocimientos, nuestra experiencia en el área en que nos llaman a colaborar".
En cuanto al escándalo suscitado en Correos de Chile, dijo que "lo único que está provocando es un alto costo en términos de imagen en una empresa en que la transparencia y probidad son fundamentales", acotó.
Finalmente, denunció que hasta la fecha nunca tuvo el respaldo de las autoridades políticas frente a los reparos que ha presentado desde hace algún tiempo a esta parte respecto de la gestión de la gerencia general de Correos.
Debido a al creciente escándalo, en la tarde también renunció a su cargo la gerente general de la Empresa de Correos de Chile, María Soledad Lascar.
En una conferencia de prensa, la profesional calificó la decisión del Gobierno de pedir su renuncia al cargo y la de todo el directorio de la empres, como una "campaña de clara represalia destinada a enlodar su prestigio profesional".
La ex funcionaria señaló que Correos se encuentra en una grave crisis derivada de "la sustancial y permanente divergencia de criterios entre mis esfuerzos como gerente general por despolitizar la empresa y administrarla conforme a criterios profesionales y no de cuoteos partidarios".
Así lo señaló la ejecutiva a través de un comunicado que leyó en las dependencias de la empresa, para luego retirarse del lugar visiblemente afectada, sin responder preguntas de la prensa.
Sólo dijo que mañana jueves va a entregar nuevos antecedentes acerca de su alejamiento del cargo.
PUGNA ENTRE EJECUTIVOS DE CORREOS DE CHILE
Pugnas internas en Correos de Chile, pero no vinculadas a la polémica desatada por las abultadas indemnizaciones que cobraron ex ejecutivos, quedaron en evidencia tras la renuncia del gerente de finanzas, Oscar Cruz Chávez, por aparecer en los registros de Dicom por deudas impagas superiores a los 113 millones de pesos.
El funcionario renunció el 29 de septiembre, a sólo tres meses de haber ocupado el cargo.
Los protestos y morosidades con que Cruz Chávez aparece en las listas de antecedentes comerciales ascienden exactamente a 113 millones 926 mil pesos y se arrastrarían al menos de marzo del año pasado.
Otros 6 millones 327 mil pesos de obligaciones los aclaró Cruz entre septiembre del año pasado y abril último.
Si bien su nombramiento fue decidido por el directorio a propuesta del recién renunciado presidente de este organismo, Emilio Soria, éste atribuyó la responsabilidad al área de recursos humanos de no haber verificado la situación económica del ejecutivo.
Cruz Chávez fue designado en junio en atención a sus méritos como profesional de larga trayectoria, según Soria, quien se pregunta cómo fue posible que se le contratara sin haber verificado sus antecedentes financieros, como lo establecen las normas internas. Correos recién verificó la situación del ex gerente de finanzas el 27 del mes pasado.
Con todo, el directorio encargó a la fiscalía de la empresa examinar la gestión de Cruz, aunque Soria precisó que difícilmente podría haber algún riesgo de perjuicio económico para Correos de Chile, ya que el ex ejecutivo no tenía poder de firma respecto a documentos financieros.
Aun así, la corta estadía de Cruz trajo consecuencias desatrosas dentro del directorio; la renuncia del presidente del organismo, Emilio Soria y la decisión del Presidente de la República de pedir la renuncia a todo el directorio y a la gerente general, María Soledad Lascar.
CRITICAS DE MARIA SOLEDAD LASCAR
Respecto a Cruz Chávez, la gerenta general, María Soledad Lascar, acusó a Soria de haberle impuesto, "en un manifiesto abuso de poder, a un gerente de administración y finanzas, amigo personal y colega suyo, contra mi voluntad y sin mi conocimiento".
Ello "vulnera las normas explícitas de la empresa, en que los gerentes deben nombrarse de común acuerdo entre el presidente del directorio y la gerencia general".
Esta nominación, sostuvo, "fue una muestra más de las reiteradas diferencias de criterios básicos existentes entre el presidente del directorio y la gerenta general".
Las diferencias a que se refiere la ejecutiva "quedaron claramente manifestadas en la manera como debía configurarse el equipo gerencial" de Correos de Chile.
Soledad Lascar afirma que tanto al presidente del Sistema de Administración de Empresas del Estado (SAE), Felipe Sandoval, como al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Cruz, conocían de su criterio en esta materia.
Explicó que, a su juicio, los procedimientos de nombramiento debieron canalizarse a través de consultoras especializadas.
En cambio, "el presidente del directorio, señor Soria, ha sostenido el criterio del más estricto cuoteo político", señaló.
Si bien Soledad Lascar, quien asumió el 8 de mayo pasado, no es del agrado de algunos trabajadores, de todos modos fue quien reveló el caso de las indemnizaciones.
La funcionaria reitera que no tuvo participación alguna en el nombramiento de Cruz Chávez, por lo que quedó a la espera de instrucciones del presidente del directorio.
SITUACIÓN DE CORREOS ES ESTUDIADA DESDE JUNIO
Según informó la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, CDE, Clara Szczaranski las denuncias hechas por el Sindicato Nacional de Correos sobre posibles indemnizaciones indebidas pagadas a un grupo de ex ejecutivos, comenzaron a ser investigadas por el CDE en junio pasado.
A partir de la recepción de los antecedentes remitidos por el sindicato se pidieron antecedentes al mismo Correos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Contraloría General de la República para decidir posibles cursos de acción.
Desde la Contraloría se les envió un estudio que concluía que, para efecto de contratos laborales, hay que regirse por el Código del Trabajo.
En ese escenario, dijo Szczaranski, a primera vista no surge fácil perseguir responsabilidades civiles. Por ende se indagarán posibles responsabilidades penales, en cuanto a una concertación indebida de un grupo de personas para favorecerse a sí mismas, pues "no se puede abusar del poder".
"Desde junio pasado, a raíz de la denuncia en Correos, cada 15 o 20 días hemos hecho gestiones para recabar información de los organismos competentes; a la fecha debemos haber enviado unos 20 oficios, por lo que el interés público expresado por el Presidente Lagos puede servirnos para facilitar el envío de las respuestas que pedimos", sostuvo Szczaranski.
"Es básico que se nos envíen todos los contratos de trabajo que solicitemos", advirtió, pues de la calidad de los antecedentes que se les remita depende en buena parte una decisión adecuada.
Sobre la investigación en el resto de las empresas públicas, la personera dijo que sólo se enteraron en los últimos días, por las informaciones de prensa, pues no se les habían hecho llegar denuncias específicas. "El CDE no es una policía que pueda investigar si no recibe solicitudes para ello", recordó la jurista.
De cualquier modo, adelantó que el CDE investigará a todas las empresas donde puedan haberse cometido irregularidades.
ESCANDALO INDEMNIZACIONES SUPERA 8 MILLONES DE DOLARES
Entre US$ 8,2 y US$ 8,5 millones alcanzaron en total las indemnizaciones recibidas por ex altos ejecutivos de empresas públicas desde el 11 de marzo a la fecha, según cálculos de la sección Economía y Negocios de El Mercurio realizados a partir de los datos entregados por el Gobierno y estimaciones efectuadas sobre la base de estudios privados de remuneraciones.
Los miles de millones de pesos involucrados en las polémicas indemnizaciones que recibieron altos personeros de empresas estatales volvieron a centrar la discusión en torno a la probidad con que debe operar el sector público.
En el caso de Codelco, la mayoría de los ejecutivos prefirieron no hacer públicos los montos recibidos. Así, para el presidente ejecutivo de la empresa, Marcos Lima, se estimó un sueldo bruto mensual aproximado de $ 12,5 millones y una indemnización de $ 75 millones por 6 años de servicio.
Uno de los vicepresidentes de Codelco, Iván Valenzuela informó sobre el monto recibido. Según datos de Gobierno, el ejecutivo recibía una remuneración bruta cercana a los $ 10 millones mensuales, lo que le permitió llevarse una indemnización de $ 60 millones.
Para el resto de los máximos ejecutivos de Codelco que no informaron sobre sus indemnizaciones, éstas fueron estimadas según la proporcionalidad salarial que se observa en el sector privado. Para ello se utilizó como base la encuesta de remuneraciones de ejecutivos de Price Waterhouse de julio de este año.
Entre los casos más bullados destacan las indemnizaciones que podrían recibir la gerenta de Administración y Finanzas de Correos de Chile, Cecilia Ramos, y el gerente de la unidad de negocios de la misma empresa, Alexander Lewin. Si bien el pago de sus indemnizaciones sigue en litigio, se calcula que entre ambos podrían recibir cerca de $ 200 millones, por 4 y 6 años de trabajo, respectivamente.
En la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), también hay casos que despertaron polémica. El gerente general de la compañía, Alvaro García Alamos, recibió más de $ 157 millones por 5 años de servicio.
El pago de estas indemnizaciones en algunos casos se apega a principios éticos que deben regir la administración del sector público, como en el caso del Banco del Estado. Sin embargo, en casos como Enap y Correos las cifras generan controversia en relación a su validez ética, aunque se pueda contraargumentar que son legales.
Los cálculos se realizaron sobre la base de sueldos brutos que recibían estos ejecutivos, en su mayoría entregados por el Gobierno. Es decir, incluyendo los impuestos a las remuneraciones, los que varían según el tramo que estos montos alcanzan.
