SANTIAGO.- Los gobiernos de la Concertación por la Democracia pagaron en sus 10 años en el poder, unos 21 millones de dólares sólo en concepto de indemnizaciones a 275 ejecutivos que finiquitaban su trabajo en organismos estatales, según informó hoy el Contralor General de la República, Arturo Aylwin.
El personero reveló los datos, recabados entre 1990 y el año 2000, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que investiga denuncias formuladas por la derecha en torno a millonarios desahucios pagados a funcionarios públicos, muchos de los cuales siguieron recontratados por otras empresas fiscales.
Aylwin opinó que la solución al tema de las indemnizaciones, la mayoría canceladas al terminar el período del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), podría partir por la restitución de las atribuciones de fiscalización de empresas públicas que tuvo la Contraloría.
Al respecto, recordó que esas facultades fueron eliminadas a través de diversos decretos ley durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Aunque la situación se originó en el período de Frei Ruiz-Tagle, provocó la mayor crisis del gobierno de Ricardo Lagos (iniciado en marzo), pues los favorecidos con los desahucios son militantes oficialistas y una veintena de ellos seguía trabajando para el Ejecutivo.
Hace dos semanas atrás, Lagos les dio un ultimátum para devolver todo el dinero o retirarse de sus actuales cargos, disyuntiva que fue resuelta con seis renuncias de actuales funcionarios públicos que prefirieron mantener el dinero cancelado y catorce devoluciones del total del aporte recibido.
El tema es de tal candencia que la Cámara de Diputados inició una investigación sobre esta materia, que sigue en curso. Los congresales aprobaron unánimemente radicar el estudio en la Comisión de Economía.
En sólo 12 de los 59 casos que denunció la derecha opositora, se pagaron unos 2.524.000 dólares, el equivalente al costo de construcción de entre 200 a 300 viviendas para familias de bajos recursos.
