Justicia argentina pidió detención y extradición de Pinochet

La solicitud fue presentada por el juez Juan José Galeano -quien reemplaza a la doctora María Servini de Cubría- por la presunta participación del senador vitalicio en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert ocurrido en Argentina en 1974.

27 de Octubre de 2000 | 11:54 | Agencias
BUENOS AIRES.- La justicia argentina pidió el viernes a la Corte Suprema de Chile la detención y extradición del senador Augusto Pinochet por su presunta participación en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Argentina en 1974.

"Hemos emitido un pedido de detención de Pinochet y de otros miembros de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Hay un pedido de captura internacional y un requerimiento formal de extradición por parte de la justicia argentina", dijo una alta fuente judicial que pidió el anonimato.

El ministro del Interior, José Miguel Insulza, al ser consultado sobre la solicitud argentina, señaló que "son los tribunales de justicia chilenos los que tienen que decidir en este caso". Respecto a la petición de prision preventiva, el subsecretario Interior, Jorge Burgos, aclaró que "sólo a través de un tribunal del país se decide".

La solicitud fue presentada por el juez Juan José Galeano, quien reemplaza a la doctora María Servini de Cubría, jueza que lleva adelante la instrucción por el atentado contra Prats.

"Ya se ha adelantado a la Policía en el ámbito nacional y en el ámbito internacional a través de Interpol para que proceda a las detenciones", agregó la fuente.

Prats y su esposa Sofía Cuthbert fueron asesinados en un atentado con explosivos contra su automóvil el 29 de septiembre de 1974 en el residencial barrio de Palermo. La autoría del hecho se le atribuye a la DINA, considerada la policía política de Pinochet.

El general Prats estaba exiliado en Argentina después de renunciar a la comandancia del Ejército en 1973, presionado por su apoyo al Presidente socialista Salvador Allende.

PRUEBAS PARA LA DETENCION

El pedido de captura de Pinochet se perfilaba esta semana, cuando el tribunal argentino aceptó como prueba el testimonio del ex agente de inteligencia Michael Townley.

La decisión consistió en incorporar la declaración del ex agente de la DINA ante Servini de Cubría en 1999 en Estados Unidos, donde recibe beneficios de testigo protegido.

Townley le confesó a la jueza haber sido el autor material del atentado contra Prats y Cuthbert, e involucró a Pinochet como instigador o ideólogo.

A raíz de este testimonio crucial, la magistrado había notificado, en mayo pasado, a Pinochet que existen cargos en su contra, pidiéndole que designara abogado.

Otro testimonio considerado por Galeano fue el de Jorge Correa Sutil, ex secretario de la Comisión de Verdad y Reconciliación creada en Chile en 1990 para investigar las violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Correa Sutil dijo que según el "informe final" presentado en febrero de 1991 por la Comisión "no se analizaron situaciones individuales sino responsabilidades del Estado chileno en los casi 3.000 casos que consignó de personas desaparecidas".

Agregó que el gobierno de Pinochet "no podía desconocer" los hechos al "actuar agentes suyos" y tampoco la "coordinación" que existía desde marzo de 1976 entre la DINA y "otros organismos de seguridad del Cono Sur".

Pinochet, que ya enfrenta otra orden de captura internacional pedida por la justicia española, sucedió a Prats y lideró ese año un pronunciamiento militar contra el gobierno de Allende.

La situación de Pinochet es comprometida debido a que la justicia chilena levantó el fuero parlamentario del que gozaba como senador vitalicio.
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