Resolución de la Corte de Apelaciones sobre recurso de amparo en favor de Pinochet

11 de Diciembre de 2000 | 15:12 | emol.com
VISTOS:

Primero: Que se ha recurrido de amparo por don Pablo Rodríguez Grez, Ricardo Rivadeneira Manrreal, Ambrosio Rodríguez Quiroz, José María Eyzaguirre García de la Huerta, Marco Cariola Barroillhet, Gustavo Collao Mira, Hernán Felipe Errázuriz Correa y Miguel Schweitzer Walters, abogados domiciliados en Morandé 322, a favor del ex Presidente de la República, Senador don Augusto Pinochet Ugarte, por haberse dictado en su contra una resolución que a juicio de los recurrentes es arbitraria y que ordenó someter a proceso en calidad de autor de delitos de homicidio y secuestro calificado al amparado.

Se señala en dicho recurso que pedido el desafuero del senador Pinochet, solo para 19 casos de secuestro calificado, se alegó por su defensa que debían practicársele previamente exámenes de salud para determinar si se cumplía o no con las exigencias del debido proceso que garantiza la Constitución Política en el artículo 19 N°3 inciso 4to, ya que tanto la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago como la Excelentísima Corte Suprema resolvieron que correspondía primero desaforar al Senador Pinochet y luego resolver acerca de los exámenes médicos.

Agrega el recurso, que en cuanto a la inexistencia de la declaración indagatoria, se han dictado resoluciones tanto por el Ministro Instructor como por esta Corte que ha suspendido la práctica de tal trámite, toda vez, que fue acogida una petición de su defensa en ese sentido y se ordenó suspenderlo, mientras no se practicaran exámenes mentales de salud al amparado. Apelada esta resolución la Corte de Apelaciones la confirmó con declaración que dichos exámenes deberían extenderse además a la salud neurológica del Senador.

Concluyen diciendo que no cabe duda que tanto a juicio del Ministro Instructor como de la Corte de Apelaciones, la indagatoria del Senador Pinochet, no ha sido prestada en autos, ya que de otra manera no se entendería su suspensión.

Se firma que el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, exige que para someter a proceso a una persona, es previo que el juez haya interrogado al inculpado. Se añade que tampoco es aplicable lo dispuesto en el artículo 341 del mismo texto legal, por cuanto el amparado no ha estado hasta la fecha a disposición del Ministro Instructor.

Respecto al exhorto del Ministro Señor Guzmán enviado a Londres y que el Senador Pinochet contestó sin dar respuesta a las preguntas, tal diligencia es muy anterior a la suspensión de la indagatoria decretada por el propio Ministro y por esta Corte.

Piden que se acoja el recurso, ordenando dejar sin efecto la resolución que lo motiva y se pasen los antecedentes al Ministerio Público, dada la gravedad de las arbitrariedades expuestas.

Segundo: Que el Ministro señor Juan Guzmán Tapia, informando a esta Corte de Apelaciones expresa que durante la detención del General Augusto Pinochet en Londres, mediante exhorto internacional debidamente tramitado, previo informe del Fiscal de la Excma. Corte Suprema y autorizado por ese alto Tribunal, el nombrado procesado, prestó declaración indagatoria conforme aparece de lo actuado de fs. 2476 a 2502 donde expuso:

"Sin perjuicio de dejar expresa constancia que mi primordial objetivo es el esclarecimiento de los hechos y mi ninguna participación en los mismo, no es menos cierto que la situación procesal a que me encuentro sometido, hace del todo improcedente que, privado de libertad por una jurisdicción que no reconozco, declare ante SS. Por la vía de una carta rogatoria, cuya tramitación -a mi juicio- debió ser rechazada como protesta al desconocimiento de la soberanía jurisdiccional chilena por los Reinos de España y Gran Bretaña".


Estima que el nombrado Senador tuvo la oportunidad para ser oído y exculparse, como de hecho lo hizo, y que esta declaración indagatoria jamás ha sido impugnada por lo que es plenamente válida.

Considera que el hecho de haberse extendido el auto de procesamiento impugnado a otros ilícitos, aparte de los que fueron materia del desafuero, ello tampoco es efectivo, toda vez que de los considerandos 62 y 63 del fallo de desafuero de la Excma. Corte Suprema se da por sentado que el referido desafuero debe entenderse en relación a todos los hechos punibles, sin perjuicio de la calificación jurídica que decida el juez en la oportunidad que corresponda, por lo que los requisitos del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal se cumplen a cabalidad.

Tercero: Que en el proceso rol N° 2.182-98 "A" seguido ante el ministro del fuero don Juan Guzmán Tapia, que se tiene a la vista, con fecha primero de diciembre en curso, a fs. 5.502, se sometió a proceso al inculpado Augusto José Ramón Pinochet Ugarte como autor de los delitos reiterados de secuestros y homicidio calificado y de secuestro calificado, cometido en contra de las personas que allí se indican verificado entre los días 16 de septiembre a 04 de octubre de 1973 en las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama y Cauquenes, respectivamente. Se dispone que el procesado quedará sujeto a prisión preventiva en su propio domicilio, ubicado en La Dehesa, ordenándose su debida custodia, una vez ejecutoriada esta resolución.

Cuarto: Que el considerando 7° de la resolución impugnada, el señor ministro recurrido estimó cumplida la condición prevista en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, en los siguientes términos: "Que de estos mismos antecedentes, más la propia declaración del inculpado Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, prestada en Londres, mediante carta enviada por este tribunal y legalmente tramitada agregada a la fs. 2501 y, que no ha sido impugnada, fluyen en su contra presunciones suficientes que hacen al tribunal estimar que e cupo una participación en grado de autor en los delitos de secuestro y homicidio calificado referidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 de esta resolución";

Quinto: Que el estudio de la norma citada en el considerando anterior, se puede inferir que el legislador estableció como requisitos que legitiman, por regla general, el procesamiento en contra de un imputado, los siguientes: 1° Que el inculpado haya sido previamente interrogado por el juez, 2° Que esté justificada la existencia del delito (hecho punible) que se investiga y 3° que aparezcan presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito (hecho punible) como autor, cómplice o encubridor.

En el recurso en estudio, aparece de manifiesto que la ilegalidad o arbitrariedad que justifica el amparo se hace consistir en la inexistencia de las condiciones establecidas en los N°s 1° y 3° precedentemente, puesto que evidentemente, del mérito del proceso conforme con todos los elementos del juicio que se han expuesto en los considerandos 2° a 6° de la resolución recurrida, no hay ningún juicio de reproche en cuanto a que en la exhaustiva investigación del ministro instructor, para estos fines procesales, se demuestra a cabalidad la existencia de los reiterados y múltiples ilícitos que se han investigados;

Sexto: Que en torno al primer requisito que se denuncia incumplido, es menester señalar que el imputado señor Pinochet tiene la calidad de Senador y para los efectos de formar la respectiva causa en su contra, como lo ordenan los artículos 58 de la Constitución Política y 611 y siguientes del Código de Procesamiento Penal era imperativo obtener el desafuero del aludido parlamentario en el procedimiento establecido por el legislador para estos fines, lo que se concretó finalmente por medio de sentencias de esta Corte de Apelaciones de 05 de junio pasado y confirmada por la Excema. Corte Suprema por fallo de 08 de agosto del presente año, decisión que se encuentra ejecutoriada.

Por medio de tal decisión, se declaró: "que ha lugar a la formación de causa respecto del Senador Vitalicio Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, por los hechos que han sido materia de la investigación en el cuaderno pertinente de los autos criminales que motivaron esta decisión", ilícitos que se refieren a todos los que han sido investigados en el expediente en el cual se dictó la resolución recurrida de amparo;

Séptimo: Que sin embargo, antes que se dictara resolución de desafuero en los mismos autos, el señor ministro instructor dispuso con fecha 04 de octubre de 1999, tomar declaración al Senador Pinochet, el que a esa época tenía su residencia en Londres, invocando las normas de los artículos 191, 192 y 198 del Código de Procedimiento Penal, que como se sabe, corresponde a disposiciones relativa a la declaración de testigos. Además, se pide por el señor ministro que la declaración se haga por medio de informe, que es también una forma de declarar como testigo, pero se hace presente que en dicho interrogatorio al Senador aludido se le exhorte a decir verdad. Dicha carta rogatoria fue cursada por la Excma. Corte Suprema y cumplida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dando cumplimiento a tal mandato el requerido señor Pinochet Ugarte expone al improcedencia de declarar por este medio, aduciendo la situación de encontrarse privado de libertad por una jurisdicción que no reconocía, calificando su arresto de injusto lo que además ha comprometido su salud. En resumen, dicha persona no contesta ninguna pregunta de las formuladas por el señor ministro de fuero;

Octavo: que la resolución impugnada en su motivo séptimo antes dicho, le atribuye a esta actuación verificada en un país extranjero el carácter de una declaración indagatoria y con ello, por cumplido el requisito contenido en el inciso 1° del artículo 274 del Código de Enjuiciamiento Criminal, calificación que este tribunal formalmente no la puede convalidar bajo ningún respecto; primero, por la ambigüedad y falta de claridad en la manera de proponer la diligencia aludida, puesto que es de toda evidencia que formalmente se requirió dicha declaración como si se tratara del testimonio de un testigo, en atención a las normas procesales invocada y a la forma cómo debía verificarse la respuesta al exhorto, por medio de informe, lo que es propio respecto de testigos privilegiados en los términos del artículos 191 del Código de Procedimiento Penal, pero impropio en cuanto a que el testimonio debía ser cumplido bajo la fórmula "bajo promesa de decir verdad" y, por consiguiente, la contestación de dicho exhorto por el requerido se debe entender en los términos de una declaración de un testigo que no lo era por supuesto, pero que además, nada expuso sobre el contenido de lo que se preguntaba;

Noveno: Que del mismo modo, si se considera que la carta rogatoria, tenía como finalidad obtener una declaración indagatoria de una persona que se le supone inculpado de un hecho punible, en el presente caso, a esa época el requerido señor Pinochet tenía la calidad de Senador Vitalicio y por lo tanto se hallaba en función favorecida con el fuero parlamentario, lo que obliga a toda magistratura a suspender todo procedimiento en contra del aforado mientras la Corte de Apelaciones respectiva no declare que ha lugar a formarle causa y por lo tanto, es evidente que dada la naturaleza jurídica de dicha actuación judicial, básica para uno de los juzgamientos más importantes del proceso penal, no podía requerirse a dicho Senador para el cumplimiento de tal diligencia, puesto que las normas de desafuero tanto constitucional como legal son de orden público y por lo tanto, irrenunciables y por ello es que cualquier omisión de dichas prerrogativas acarrea la nulidad de cualquier acto jurídico procesal que perturbe o prive de dichos beneficios constitucionales a un parlamentario;

Décimo: Que este tribunal cree que el señor ministro de fuero tuvo en consideración estas normas procesales, con relación a la declaración indagatoria que es de rigor cumplir con el Senador vitalicio señor Pinochet, puesto que en su resolución de veinticinco de septiembre pasado, con motivo de resolver sobre exámenes médicos del imputado señor Pinochet conforme a lo dispuesto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal expresamente, luego de ordenar los exámenes mentales, ordenó suspender entretanto, la comparecencia del condenado Pinochet a prestar declaración indagatoria, por lo que no cabe duda que consideraba en ese instante que dicho requisito no se había cumplido, decisión que fue luego confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución del dos de noviembre último, en cuya audiencia evidentemente se debió haber planteado la interrogante de si se encontraba cumplido o no con el trámite de esa declaración indagatoria, puesto que hubo un voto disidente que estuvo por ordenar dicha actuación judicial, aún cuando se encontraban pendientes los exámenes mentales y neurológicos del imputado señor Pinochet. De este entendimiento no estuvo ausente también uno de los querellantes de la causa, puesto que por escrito de fs. 4.850 pidió que el inculpado prestara declaración indagatoria en el más breve plazo posible, reclamando de las gestiones dilatorias de la defensa del querellado y a esa petición, el 28 de septiembre pasado, a fs. 4.851, el señor ministro proveyó: "Estése a lo resuelto con fecha 25 de septiembre en curso, a fs. 226 del cuaderno reservado sobre exámenes médicos", por lo cual se había precisamente suspendido la diligencia de la declaración indagatoria mientras estuvieran pendientes los exámenes médicos decretados en esta causa.

Undécimo: Que de este modo, aparece de manifiesto que en los autos traídos a la vista no se ha cumplido con el requisito formal y previo al procesamiento, del interrogatorio del inculpado. Condición que si bien aparece de carácter netamente formal, no lo es tanto, si se considera que dada la naturaleza de sumario criminal, con sus características de ser simplemente investigativo, preparatorio, provisional, inquisitivo, unilateral y además, secreto, las garantías de todo lo imputado infracción de una de las formalidades determinadas como tal en el Código aludido, produciéndose como es obvio una privación, perturbación o amenaza ilegítima en tales garantías, por lo que es necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, acoger la acción constitucional invocada;

Décimo tercero: Que en estrados se ha sostenido, que tal declaración indagatoria resultaba innecesaria para justificar el procesamiento impugnado, por disposición del artículo 341 del Código de Procedimiento Penal. Es cierto que de manera excepcional, se permite la omisión de tal trámite, pero tal norma de derecho escrito queda condicionado a que el imputado se encuentre a disposición del tribunal y estuvieren ya suficientemente comprobados el hecho punible y la participación que en él le haya cabido a aquel. En el caso de que se trata, es evidente que el inculpado sujeto al procesamiento impugnado no se encuentra actualmente a disposición del juez, puesto que no se ha librado en su contra ninguna de otras medidas cautelares para asegurar su persona ante la magistratura, aparte que por propia decisión del tribunal ha postergado todo trámite para que dicho encausado se presente para el cumplimiento de su declaración indagatoria, ya que es resolución ejecutoriada que para el desarrollo de tal diligencia es previo el cumplimiento de los exámenes médicos
mentales y neurológicos decretados en dicho proceso;

Décimo cuarto: Que en relación a los hechos punibles que han sido materia de la resolución de procesamiento, no se aceptará la alegación de ser arbitraria la inclusión de algunos hechos punibles no contenidos en el procedimiento de desafuero, puesto que del claro tenor de la sentencia dictada al respecto, se desprende que la autorización para enjuiciar comprende todos los ilícitos investigados en el cuaderno que fue materia de tal dictamen.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en las normas frente a estas condiciones se ven seriamente comprometidas en el plano del ejercicio de su derecho a la defensa y por ello es, que si bien también es característica del sumario, de ser del orden consecutivo discrecional, el legislador se preocupó de establecer algunas garantías o derechos mínimos a favor de los imputados, especialmente aquellas contenidas en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, para que de este modo, en algunas decisiones trascendentes se permite el pleno ejercicio del derecho al debido proceso de ley, uno de los cuales naturalmente es el que tenga todo imputado la posibilidad de ser oído y, en opinión de esta Corte, el requisito antes referido mira por supuesto a este tipo de garantías procesales;

Duodécimo: Que la acción de amparo del artículo 21 de la Constitución Política se establece en los términos más amplios posibles comprendiendo en ella toda privación, perturbación o amenaza ilegal en el derecho a la libertad personal y seguridad individual que sufra todo individuo. A su vez el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, concordando con la garantía antes referida, autoriza la interposición del amparo a favor de cualquier persona en contra de la cual existiere orden de arraigo, detención o prisión emanada de autoridad que no tenga facultad de disponerla, o expedirla fuera de los casos previsto por la ley, o con infracción de cualquiera de las formalidades determinada en este Código, o sin que haya mérito o antecedente que lo justifiquen, sea que dicha orden se haya ejecutado o no. En lo que se reclama por esta vía, aparece que si bien el procesamiento impugnado no ha sido ejecutado, es lo cierto que por los efectos que produce dicha medida cautelar, por supuesto que incidirá de alguna manera en la garantía de la libertad o seguridad personal del amparado señor Pinochet y en esta comprensión aparece evidente que no existiendo, siendo obligatorio, el trámite fundamental de la declaración indagatoria, según se ha explicado latamente en los motivos anteriores, dicha resolución se ha emitido con constitucionales y legales antes citadas, se acoge el recurso de amparo interpuesto a fs. 1, en favor de Augusto Pinochet Ugarte y en consecuencia, se deja sin efecto la resolución de uno de diciembre de dos mil, corriente a fs. 5.502, tomo XVI de la causa rol N° 2182-98-A y se declara que dicha resolución ha resultado improcedente por ahora, por no haberse cumplido la formalidad de la declaración indagatoria previa que exige el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal.

No se hará aplicación a lo dispuesto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal, por no haber motivo bastante para ello, en concepto de este tribunal.

Regístrese, comuníquese, agréguese copia autorizada de esta resolución en el expediente respectivo, el que será devuelto a su tribunal de origen.

Archívese en su oportunidad.
N° 84142-2000
Dictado por los ministros titulares señores Milton Juica Arancibia, Raimundo Díaz Gamboa y ministra suplente señora carmen Carvajal Maureira.




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