Texto completo del fallo que ratifica amparo a Pinochet

20 de Diciembre de 2000 | 14:44 | emol.com
Santiago, veinte de diciembre de dos mil.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia apelada de once recién pasado, escrita a fojas 42, con excepción de su considerando decimotercero que se elimina, se la reproduce en los demás y se tiene también presente:

PRIMER.- Que el recurso de amparo ha sido acogido, como se desprende de la simple lectura de la parte resolutiva del fallo que lo contiene, sólo en razón de que el auto de procesamiento dictado en contra del imputado Augusto Pinochet Ugarte ha resultado improcedente, por ahora, "por no haberse cumplido con la formalidad de la declaración indagatoria previa que exige el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal".

SEGUNDO.- Que, apelaron de este fallo, a fojas 52, los abogados Juan Bustos Ramírez, Hugo Gutiérrez Gálvez, Boris Paredes Bustos, Hiram Villagra Castro, Alfonso Insunza Bascuñan, Carmen hertz Cádiz, José Galiano Haensh, Juan Pavin Villar y Eduardo Contreras Mella, quienes lo hacen por resultar agraviados ya que se dan todos los requisitos para someter a proceso al Senador Pinochet Ugarte por estar justificada la existencia del cuerpo del delito y existir presunciones fundadas de su calidad de autor y "porque no es requisito legal excluyente tomar declaración indagatoria previa para someter a proceso a un inculpado como lo autoriza expresamente el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal".

TERCERO.- Que, cualquier alegación referida a la aplicación que pudiera hacerse del artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, estos sentenciadores deben desecharla puesto que la resolución que ha sido motivo del amparo, en parte alguna se refiere a que se esté procesando al imputado Pinochet Ugarte omitiendo su declaración previa de acuerdo a esa regla legal. Por el contrario, en el razonamiento 7) del fallo de procesamiento, el ministro instructor ha sido meridianamente claro, tal como se encargan de reiterarlo los ministros requeridos en el considerando cuarto del fallo analizado, al indicar que ha considerado como declaración la "presentada en Londres, mediante carta enviada por este tribunal y legalmente tramitado agregado a fojas 2501 y, que no ha sido impugnada..."

CUARTO.- Que estos jueces coinciden en general con las reflexiones hechas en la sentencia apelada acerca de la necesidad de la existencia previa de una declaración del imputado antes de su procesamiento. El artículo 274 del Código de Procedimiento Penal así lo señala al indicar que después de que el juez haya interrogado al inculpado, lo podrá someter a proceso. Esta exigencia, si bien no es sustantiva como las que señalan las letras a) y b) de esa disposición, no cabe duda que es una condición que debe ser respetada y que sólo excepcionalmente puede fallar.

QUINTO.- Que la declaración que presta el inculpado o declaración indagatoria tiene por objeto obtener de él información acerca de la comisión del hecho en que había participado y además otorgarle la posibilidad de explicar su conducta indicando todo aquello que le pudiera favorecer. En razón de esto es que el Título VI de la Primera Parte del Libro II del Código de procedimiento Penal (artículos 318 a 341) indica la forma que debe tener una indagatoria, al mismo tiempo que señala que, el juez podrá tomar el número de declaraciones que estime convenientes al inculpado para la averiguación de los hechos. De las reglas señaladas es posible entender que tal declaración debe ser necesariamente prestada ante el juez que instruyó el sumario, en forma oral y dejándose constancia escrita en un acta que se levantará para estos efectos, la que será firmada por el juez, el inculpado y el secretario. En la declaración, el juez debe cuidar de informar al declarante los hechos que se le atribuyen, las pruebas que existen en su contra debiéndole invitar a manifestar cuanto sea conveniente para su descargo o aclaración de los hechos.

SEXTO.- Que por lo dicho, resulta claro que la carta rogatoria tal como se había formulado, no revestía en modo alguno las características de una solicitud de declaración indagatoria, pues no atendía prácticamente a ninguna de las exigencias contempladas especialmente a los artículos 322 inc. 3° y 329° del Código de Procedimiento Penal para garantizar al inculpado la posibilidad de argumentar en su propia defensa. Ello muestra que la inexistencia de una auténtica declaración indagatoria o de suponer un mero "tecnicismo", importa la ausencia de un requisito capital para dar curso al auto de procesamiento y, concretamente, la de oír amplia y atentamente los descargos, justificaciones y defensas del inculpado, antes de dar curso a una resolución judicial que modificará sustancialmente su situación procesal generando consecuencias que pueden afectar incluso su libertad personal (prisión preventiva) o su posición patrimonial (embargo) y, sobre todo, que supone "dirigir el proceso en su contra", con todo lo que ello implica desde los más distintos puntos de vista. Es evidente, en consecuencia, que es a exigencia no puede estimarse idónea y oportunamente satisfecha en estos autos con el envío de la carta rogatoria despachada por el tribunal de la causa, ni tampoco con la respuesta prestada por su destinatario a esa exhorto, desde el instante que dicha comunicación no tuvo los caracteres, el contenido ni las finalidades de la declaración indagatoria reguladas minuciosamente por el Código de Enjuiciamiento Criminal.

SEPTIMO.- Que, en nuestra opinión, el señor ministro del fuero tuvo originalmente en consideración todo lo precedentemente reflexionado. Por eso es que en su resolución de 25 de septiembre pasado, al decidir sobre los exámenes médicos del imputado Pinochet, conforma a lo dispuesto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, luego de ordenar tales exámenes mentales, dispuso expresamente suspender, entretanto, la comparecencia de ese querellado a prestar su declaración indagatoria, por lo que no cabe duda que en ese instante consideraba que esa diligencia no se había cumplido. Tal decisión fue confirmada -seguramente atendiendo al mismo criterio- por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, según resolución de 2 de noviembre último, para la cual la ausencia de declaración indagatoria era tan evidente que incluso hubo un voto desidente que estuvo por ordenar dicha actuación judicial aun cuando se encontraran pendientes los exámenes mentales y neurológicos del imputado, todo lo cual carecería de sentido si tal diligencia se hubiera considerado cumplida con la tantas veces mentada carta rogatoria. De este punto de vista participó también uno de los querellantes de la causa, quien en escrito de fojas 4850 pidió que el inculpado prestar declaración indagatoria en el plazo más breve posible, reclamando de las gestiones dilatorias de la defensa del querellado, petición que el señor ministro proveyó el 28 de septiembre pasado, rolante a fojas 4851, con un "estése a lo resuelto con fecha 25 de septiembre en curso, a fojas 226 del cuaderno reservado sobre exámenes médicos": la decisión citada por el Sr. Ministro instructor es precisamente aquella que había suspendido la práctica de la declaración indagatoria mientras estuvieran pendientes los exámenes médicos.

OCTAVO.- Que, así aparece de manifiesto que en los autos traídos a la vista no se ha cumplido el requisito previo al procesamiento de interrogar al inculpado cumpliendo todas las exigencias previstas en los ya mencionados artículos 322 inc.329° del Código de Procedimiento Penal para cautelar su derecho a ser oído y defenderse en una esa etapa inicial del proceso. Tal como se ha visto argüir ahora, "ex post facto", que la declaración indagatoria fue aquella que se solicitó mediante la carta rogatoria tantas veces aludida importa, aparte de una infracción a las normas procesales que regulan la materia, una alteración sorpresiva e inmotivada del curso del proceso, cuya dirección y etapas aparecía definidas ya por las resoluciones de 25 de septiembre de este año del propio ministro de fuero, y de 2 de noviembre último de la I Corte de Apelaciones de Santiago, a cuyo contenido nos hemos referido en el razonamiento anterior.

NOVENO.- Que en el procedimiento criminal indagatorio, las actuaciones del tribunal que sustancia la causa no solamente han de ceñirse a los dictados de la ley procesal que trazan la forma como ha de conducirse la comprobación del delito y la participación de los inculpados, sino deben poseer una mínima consistencia y guardar consistencia entre sí, de suerte que no es valedero atribuir a actuaciones anteriores del proceso una naturaleza que jurídicamente no tienen, para fundar resoluciones que contradicen lo resuelto con posterioridad en los mismos autos en manifiesta pugna con las normas que las rigen.

Por estas consideraciones, se confirma la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha once del actual, escrita en fojas 42 y siguientes de estos autos.

Se previene que el ministro señor Chaigneau ha concurrido a la confirmatoria haciendo presente que disiente de las razones manifestadas por los ministros recurridos en el raciocinio décimo del fallo revisado en cuanto a que el exhorto de marras no podría ser una indagatoria, sólo por el hecho de que no existía desafuero del senador Pinochet. Cree este ministro que para tomar declaración a un diputado o senador no es necesario proceder primeramente a solicitar el desafuero. El fuero parlamentario tiene un solo objeto que lo hace valedero e importante: asegurar la independencia del parlamento de tal manera que no se pueda impedir la función parlamentaria por medio de la detención o el procesamiento de un parlamentario sin que antes la justicia determine si ha lugar a la formación de causa. Si bien durante la vigencia de la Constitución de 1925 esto podría haber sido así, desde la aplicación de la que actualmente nos rige la situación ha cambiado. A juicio de este ministro, la tendencia actual de la Carta fundamental es la de restringir este privilegio parlamentario, pues actualmente se encuentra suficientemente asegurado por el imperio de un estado de derecho en que funciona la democracia. Mientras no exista peligro de que la función parlamentaria se vea lesionada, el fuero carece de finalidad, pues si hay riesgo de detención o de procesamiento aparece inmediatamente. Una declaración como imputado no necesariamente trae consigo un auto de procesamiento, de tal manera que de tener que aplicarse la norma del artículo 616 del Código de Procedimiento Penal, como se sostiene que hay que hacerlo, significa simplemente que en ningún caso puede interrogarse a un parlamentario por un juez en circunstancia alguna, pues nadie sabe si esa declaración será el origen de un auto de procesamiento. Por eso el actual artículo 58 exige el trámite previo al desafuero para procesar o privar de su libertad a un parlamentario, pero no interrogarlo. Y es evidente que siendo esta una norma constitucional tiene preeminencia sobre la norma procesal penal del artículo 616 del Código de Procedimiento penal, la que debe ser considerada como derogada tácitamente.

Acordada con el voto en contra del Ministro don José Luis Pérez Zañartu, quien estuvo por revocar la sentencia apelada y restablecer los efectos del auto de procesameinto que afecta al desaforado Senador don Augusto Pinochet Ugarte, por las consideraciones que expone a continuación.

1.- Que el artículo 58 de la Constitución Política de la República dispone en su inciso 2° que "ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde el de su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa".

2.- Que el artículo 33 de la Constitución Política de 1925 disponía de una norma semejante, aunque establecía a diferencia de la actual, que el parlamentario no podía ser acusado, perseguido o arrestado, razón por la cual las normas sobre desafuero en el Código de Enjuiciamiento Criminal se ajustaron a estos principios constitucionales mediante la dictación del Decreto Ley N° 554, de 1925, que corresponden a los actuales artículos 641 al 648 del mismo código.

3.- Que de entre las normas precedentemente señaladas cabe destacar la del artículo 616 del Código de Procedimiento Penal, que establece que mientras no se declare haber lugar a la formación de causa, el tribunal que conozca del proceso se abstendrá de practicar actuaciones que se refieren al Diputado o Senador a quien se impute el delito.

4.- que de estimarse que entre estas "actuaciones" se encuentra la declaración indagatoria que debe prestar el imputado o querellado, debe tenerse presente que el artículo 6° de la Carta Fundamental, actualmente vigente, dispone que "los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella", lo que ha llevado a un destacado constitucionalista a sostener que esta norma "contempla el Principio de Supremacía Constitucional, infundiéndole rasgos de imperatividad directa y no mediatizada por lo que la ley disponga", pues esta última no puede vulnerar lo ordenado en la Carta Fundamental (Prof. José Luis Cea E.)

5.- Que atendido lo expuesto, y teniendo presente el claro tenor literal de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 58 de la Constitución Política de la República, debe entenderse que el juez de la causa puede tomar declaración indagatoria a un senador o diputado no desaforado, pues la única limitación que la norma constitucional le impone, se refiere a que no puede procesarlo ni ordenar su privación de libertad.

6.- Que según consta del informe suscrito por el H. Senador don Augusto Pinochet Ugarte que rola a fs. 2.501 de los autos originales tenidos a la vista, y que es de fecha 28 de Octubre del 1999, y que fue recibido por él con fecha 21 del mismo mes y año, como se desprende del mismo documentos, el imputado respondió en términos generales el exhorto internacional o carta rogatoria que esta Excma. Corte Suprema le remitió de acuerdo a facultades que le son propias, sin objetarlo en sí mismo.

En dicho informe escrito y dirigido al Sr. Juez Instructor, el imputado consiente en declarar en calidad de querellado, y aclara que su objetivo primordial es el esclarecimiento de los hechos investigados en la causa que tramita el Sr. Ministro de Fuero y que no tiene ninguna participación en los mismos, sin efectuar ninguna protesta o reclamación respecto al hecho de que se le interroga bajo exhortación de decir verdad y fundada en su calidad de Senador de la República y la inexistencia, a esa época, de una declaración de desafuero en su contra, con lo que debe entenderse que dicha declaración de desafuero la formuló voluntariamente y que con ella renunciaba al fuero que lo protegía, si estimaba que él impedía que se tomara declaración indagatoria.

7.- Que la circunstancia que no respondiera la totalidad de las preguntas formuladas en dicho cuestionario no impide que dicha declaración de inocencia sea considerada una declaración indagatoria, pues como se desprende de las disposiciones de los artículos 318 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el tribunal "tomará al sindicado del delito cuantas declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos", por lo que aquella no puede ser considerada como la única que haya de prestar el imputado en dicha causa.

8.- Que, por otra parte, la declaración prestada en Londres con motivo de la carta rogatoria que le fue remitida, tramitada en conformidad a los Autos Acordados emitidos por esta Excma. Corte, no se hizo bajo juramento, por lo que debe considerarse como la primera de las declaraciones indagatorias que debe prestar en este proceso el imputado Senador.

9.- Que la única reclamación realizada por el H. Senador con motivo de aquella declaración fue la que hizo estimando que dicho exhorto debió haber sido rechazado por los tribunales chilenos como protesta por encontrarse detenido en Londres por orden de una jurisdicción a la que no reconocía competencia, refiriéndose a las de España o Inglaterra, pero no por las circunstancias de no haber sido desaforado por los tribunales chilenos, en circunstancias que, como consta del fundamento 6.) de este voto de minoría, tuvo en su poder el exhorto durante una semana para constestarlo, por lo que debe suponerse que tuvo asistencia legal para responderlo.

10.- Que por lo relacionado debe concluirse que el H. Senador desaforado prestó la primera declaración indagatoria con fecha 20 de Octubre de 1999, y en consecuencia, en la dictación del auto de reo que le afecta, no se ha infringido formalmente el inciso 1º del artículo 274 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

11.- Que aún cuando se estimara que la declaración a que se ha aludido precedentemente no fuere constitutiva de la indagatoria a que se refiere el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, tal situación no amerita dejar sin efecto el auto de procesamiento de fecha 1º de Diciembre del año dos mil que rola a fs 5.502 por presunta infracción al inciso 1º del referido artículo y a las reglas del debido proceso.

12.- Que, en efecto, innumerables disposiciones de nuestra legislación penal contemplan expresamente que tal trámite es prescindible, como el contemplado en el artículo 42 de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, donde se establece que el juez del crimen procederá a encargar reo al librador de los cheques a que se refiere el artículo 22, con el solo mérito del cheque protestado y de la constancia de haberse practicado la notificación judicial del protesto y no haberse consignado los fondos correspondientes en el plazo legal; el artículo 586 inciso 2º del Código de Procedimiento Penal, que establece que tratándose del delito de injurias y calumnias "no será necesaria la declaración del inculpado para encargarlo reo"; el artículo 635 del mismo cuerpo legal, que dispone que tratándose de la extradición activa "el juez podrá declarar reo al inculpado ausente sin necesidad de oírlo y sólo desde que esté acreditado el hecho punible y la participación del inculpado en virtud de presunciones fundadas, situación que ha ocurrido en esta causa con el sometimiento a proceso del Mayor de Ejército Armando Fernández Larios y su extradición solicitada a Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentra pendiente.

13.- Que son tantas las excepciones al principio contenido en el inciso 1º del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal; que cabe preguntarse si esta última es la regla general o no, pues de lo contrario, y de sostener que la declaración del inculpado es condición sine qua non para procesarlo y que de no hacerlo, se atentaría contra las reglas del debido proceso, cabe preguntarse, ¿cómo pudo el legislador incluir tantas excepciones a las reglas del debido proceso garantizado constitucionalmente sin que nadie haya reclamado de ello hasta la fecha, y que ningún autor o tratadista haya denunciado esta anomalía?

14.- Que siendo la declaración indagatoria, seguida de la confesión del imputado, y siempre que ésta reúna los requisitos que establece el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, una diligencia importante y la mejor manera de acreditar la participación de una persona en un hecho ilícito, no es menos cierto que cuando no se produce la confesión de querellado, el juez puede someterlo a proceso cuando esté acreditada su participación por otros medios de prueba.

15.- Que el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal dispone como regla general que se podrá omitir la declaración previa del inculpado y proceder desde luego a declararlo reo, cuando, al ponérsele a disposición del juez, estuvieren ya suficientemente comprobados el cuerpo
del delito y la participación que en él haya cabido al imputado.

16.- Que confirmado el desafuero del H. Senador Augusto Pinochet Ugarte por sentencia de la E. Corte Suprema de fecha 8 de agosto pasado, no cabe duda que de acuerdo con el principio contenido en el inciso final del artículo 58 de la Constitución Política de la República "queda el diputado o senador acusado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente", que no es otro que el Sr. Ministro de Fuero que a la época tramitaba diversas querellas en su contra y que ahora lo sometió a proceso.

17.- Que, en consecuencia, encontrándose el H. Senador desaforado a disposición del Señor Ministro Instructor, éste, de acuerdo con el principio antes señalado pudo -de considerar que se reunían los requisitos legales- someterlo a proceso, aunque se estimara que no hubo declaración indagatoria, desde que el Ministro ponderó que a su juicio se encontraba acreditado el cuerpo del delito o hecho punible y la participación del imputado; pues su participación en los hechos investigados se encontraría acreditada, según dicho Magistrado, por otros medios que su confesión.

18.- Que resulta interesante conocer a este respecto la opinión del destacado autor don Rafael Fontecilla R., ex Presidente de esta E. Corte Suprema, quien en su Tratado de Derecho Procesal Penal, en dos oportunidades, al referirse al artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, sostiene que para que un inculpado pueda revestir el carácter de reo, es necesario: "a) que esté comprobada la existencia del delito que se investiga y b) que existan presunciones fundadas de que haya tenido participación en este delito como autor, cómplice o encubridor", agregando que "verificados estos extremos, el Juez debe declarar reo al inculpado, sometiéndolo a proceso" (op.cit, t.II, pag.170), principio que repite nuevamente en la página 181 (N° 289), sin que en ninguna de las dos citas haya señalado que es requisito previo e imprescindible la declaración indagatoria.

Incluso otro autor sostiene que "en la actualidad el juez puede tomar al inculpado cuantas declaraciones indagatorias estime necesarias, pero no tiene la obligación de hacerlo (destacado del autor), de manera que, con estricto apego a la ley vigente, el inculpado puede ser encargado reo, y aún puede ser condenado sin tomársele declaración, si cuando fue puesto a disposición del juez éste estimó suficientemente acreditados con otros medios de prueba el cuerpo del delito y su participación" (Eugenio Neira A., Manual del Procedimiento Penal Chilena, pág. 198)

19.- Que aún en la hipótesis que se hubiere procesado al H. Senador sin declaración previa, tesis que rechazamos por las razones dadas con anterioridad, tal situación no atentaría contra las reglas del debido proceso reseñadas en el motivo 21 del fallo de 8 de Agosto de este año, pues él ha sido oído, será oído cuantas veces el señor Juez lo estime conveniente, el H. Senador o su defensa podrá solicitar que se le interrogue en cuantas oportunidades lo estime necesario, podrá presentar pruebas, designar abogado y apoderado y estar presente con su o sus defensores en todos los estados del juicio, como por lo demás ha ocurrido hasta ahora, con plena asistencia jurídica, ya que lo esencial en los Pactos sobre Derechos Humanos es, como se señala en el fundamento 24 del citado fallo de 8 de Agosto pasado, el derecho a ser oído, derecho que nunca se le ha desconocido por el Juez de la causa y que se ha postergado solamente por peticiones de su defensa.

20.- Que por las consideraciones que se han señalado precedentemente, el disidente estima que no ha habido infracciones formales en la dictación del auto de procesamiento, razón por lo cual fue de parecer de revocar la sentencia apelada y mantener la vigencia del auto de reo dictado.
Sin perjuicio de los resuelto y procediendo esta Corte de oficio se ordena al S. Ministro instructor que tome declaración indagatoria al H. Senador Pinochet en el plazo de veinte días, se hayan o no realizado los exámenes médicos.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Rol Nª 4763-00
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