MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ha criticado al fiscal jefe de este tribunal por oponerse a la libertad vigilada del magnate ruso Vladímir Gusinski cuando la pidió, ya que es un caso "de tanta gravedad como el de Pinochet".
Esa crítica se incluye en el auto conocido ayer parcialmente en el que el magistrado no admitió a trámite el recurso del fiscal, Eduardo Fungairiño, contra la libertad vigilada bajo fianza de 5,5 millones de dólares del dueño del grupo de comunicación Media Most.
Gusinski, reclamado por Rusia por una supuesta estafa agravada, fue detenido el pasado día 12 en la lujosa mansión de su propiedad de la localidad de San Roque (sur de España), a donde regresó la semana pasada tras depositar la fianza exigida por el juez.
Garzón cree que el recurso del fiscal "no es de recibo" y dice no entender "qué pretende el fiscal al afirmar que se ha dispensado trato singular, diferente y distinto a Gusinski, porque habría que preguntar por qué ha solicitado diferente trato en otros casos".
Añade que "en ningún caso puede aceptarse que el Juzgado esté actuando con deslealtad hacia las autoridades rusas por el hecho de haber acordado la atenuación de la prisión provisional, porque ésta es una medida que sólo corresponde adoptarla a las autoridades judiciales españolas".
Por ello, considera que "no debe el fiscal hacer las afirmaciones tan arriesgadas que hace cuando en otro proceso de extradición de tanta gravedad como el de Augusto Pinochet, no sólo aceptó el arresto domiciliario en el que se decidió mantenerlo por las autoridades británicas, sino que además recurrió el auto de prisión del mismo solicitando la libertad".
Ello, subraya, "a pesar de la orden de detención internacional y auto de prisión".
Garzón señala que le merecen "el máximo respeto las autoridades judiciales de Rusia", sin olvidar que él tiene "plena jurisdicción y responsabilidad para adoptar las medidas que considere oportunas".
Para el magistrado, "en modo alguno se obstaculiza el trámite de estudio y presentación de la documentación, y el plazo de 40 días marcado por la Ley de Extradición Pasiva continúa su curso desde el mismo momento de su detención".
El juez rechaza también la observación del fiscal de que la medida es discriminatoria y señala que le ha dejado en libertad vigilada tras estudiar unos documentos que al principio no tenía.
Así, "el fiscal habla de graves delitos de estafa, pero lo que se desprende de la documentación inicial es un delito de estafa agravado (penado en España con un máximo de seis años de cárcel) y así lo menciona en sus escritos anteriores, por lo que no se entiende ahora por qué imputa más de uno".
Garzón duda sobre la necesidad de la prisión dado "el trasfondo extra-penal que rodea el caso", reflexión con la que concluye un auto que todavía tendrá que ser revisado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra.
