SANTIAGO.- Una hija de Carmelo Soria -el funcionario español de CEPAL secuestrado y asesinado en 1976- dijo hoy que la presencia del ex ministro de defensa Herman Brady en Chile y no en Alemania ''ahorra tiempo'' al juez español Baltasar Garzón.
''El próximo paso será pedir su extradición'', comentó Carmen Soria al referirse a la orden del juez Garzón de buscar y arrestar a Brady, quien fue ministro de defensa de Pinochet entre 1975 y 1978, por su eventual conocimiento del caso Soria.
La hija del ex funcionario asesinado afirmó que si el gobierno chileno quiere aclarar este caso, debe hacerse parte de la solicitud presentada por la familia Soria en los tribunales, la semana pasada, a fin de reabrir el caso.
''Ustedes saben que cuando se abre un proceso y sale una orden de captura y detención contra Herman Brady hay un secreto del sumario y nosotros nos debemos atener a eso porque si no también echamos por tierra el trabajo que ha llevado el juez Garzón por mucho tiempo'', declaró Soria.
''Lo que más nos interesa en este momento es que el gobierno se haga parte del juicio y que demuestre en forma clara y consecuente que está por aclarar los crímenes de torturas, desapariciones y ejecuciones que hubo en Chile durante la dictadura y esta es una manera de hacerlo. Yo los invito a cooperar'', agregó Carmen Soria.
Respecto a un eventual pedido de extradición del general (r) Brady, el gobierno chileno reiteró la postura que tuvo sobre el caso Pinochet señalando que cuando se trata de un hecho delictual cometido en Chile, éste debe ser juzgado en el país.
El ministro secretario general de gobierno, Claudio Huepe, reiteró hoy ''la no jurisdicción de tribunales de otros países en nuestros temas internos''.
''No creo que corresponda que un tribunal español dicte orden de detención por una persona acusada de un eventual delito cometido en el país. Todos sabemos lo ocurrido en el caso del general Pinochet'', sostuvo el ministro Huepe.
''En Chile hay una justicia que funciona'', añadió.
Por su parte el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, afirmó que ''todos los tribunales, tanto nacionales como internacionales, tienen el derecho de dictar las órdenes y éstas tienen que ser cumplidas en la medida que tengan antecedentes''.
Sin embargo precisó que la orden del juez Garzón ''es una decisión judicial respecto de la cual no tengo ninguna opinión que formular''.
