Según los estudiosinternacionales las personas con algún grado de discapacidad serían alrededor del 10% de la población.

El 73% de los edificios públicos del país todavía no tiene ingreso habilitado para minusválidos.

Luis se acerca al "precipicio", mira hacia abajo y de forma instintiva detiene, con sus manos gruesas y callosas, su silla de ruedas, mientras exclama: "¡No puedo bajar!".

Tiene delante de sí una rampa de dos metros muy empinada, que de avanzar 20 centímetros más cae de bruces.

Luis es minusválido y con su silla de ruedas debe transitar por calles, veredas, edificios y servicios públicos para realizar sus trámites.

Con la diferencia que depende de rampas, desniveles, escaleras mecánicas y ascensores.

Es justamente en el acceso de los discapacitados a los inmuebles públicos donde nuestro país mantiene una gran deuda.

Ello, a pesar de la ley que entró en vigencia en enero pasado y que obliga a los edificios de uso público y colectivo a tener un acceso para minusválidos.

So pena de una multa de 20 UTM ($600 mil), previa fiscalización del departamento de obras municipales.

La cifra es concluyente: de 9.273 edificios públicos, sólo 2.457 -equivalente al 27%- cumple la norma, según el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Están ubicados en 162 de 345 municipios, explicó Cecilia Leiva, de la División de Desarrollo Urbano del Minvu.

El problema central para hacer cumplir la ley, reconoce Andrea Zondek, directora del Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis), es difundirla, capacitar a los inspectores municipales y tener más recursos.

La mayoría de los museos, cines, teatros, restaurantes no diseñan sus estructuras pensando en los discapacitados

También se requiere un "cambio cultural" para integrar a los discapacitados, agregó.

Pero Zondek aseguró que la normativa ha permitido dar "pasos importantes".

Pedro Sabat, alcalde de Ñuñoa y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), reconoció que falta personal y recursos para instalar los accesos. Aunque advirtió que "no hay excusas".

"Falta capacitación y motivación. Hay que persistir", dijo el alcalde.

En su comuna formó la Comisión de Discapacidad, que se encargó de catastrar calle por calle.

Cada mes entregaban los informes y el municipio actuaba en forma instantánea acatando las sugerencias.

De este modo, Ñuñoa tiene garantizados los accesos para los minusválidos. "Tiene que haber participación y compromiso", es el lema de Sabat.

Santiago también se sumó a la comuna de los cumplidores con una campaña fiscalizadora a cargo de Víctor Manuel Gómez, jefe de Inspección Técnica.

En cinco sectores dividió el municipio: Microcentro, Alameda Oriente, Poniente, Barrio Universitario y Plaza Bulnes-San Diego.

Se fiscalizaron 1.140 edificios y aplicaron 173 partes, de los cuales el 80% se pagó.

"La respuesta ha sido muy favorable", relata. A algunos edificios se les dio plazo entre 30 y 90 días para cumplir la norma.

Pero lo preocupante es que muchas todavía no aplican la norma.

Por ello Alejandro Cúper, presidente de la Asociación de Jueces de Policía Local, reconoce que ha habido "pocas denuncias" de los fiscalizadores.

La mayoría de los edificios públicos no tienen accesos y si los tienen son por puertas laterales. Otros como el congreso tienen acceso sólo a algunos lugares pero si un discapacitado llegara a ser Senador no podría ejercer su cargo en la sala por problemas arquitectónicos.

Para revertir esta situación, el diputado Antonio Leal, miembro de la comisión especial de Discapacidad de la Cámara, llamó a los alcaldes a "cumplir con la ley", y fiscalizar y sancionar a los infractores.

"Ha habido una evidente negligencia. No existe cultura de la discapacidad", dijo.

Lo que constató Mónica Cuevas, lectora de este diario, al visitar la Estación Mapocho junto a su padre -quien se desplazaba con muletas-, y no pudo ingresar a la Feria del Libro porque no había estacionamiento para discapacitados.

¿Cuántos son?
¿Cómo hacer políticas efectivas para los discapacitados si nadie sabe cuántos son realmente? Es la pregunta que se hacen en el Fonadis. El Censo de 2002 arrojó que el 2,21% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Pero la cifra es muy inferior al 21,7% de chilenos que declaró lo mismo en una investigación del ministerio de Salud en 2000.

Para aumentar las dudas, la encuesta Casen del mismo año reflejó que el 5,3% de los chilenos tiene algún tipo de deficiencia física. Y, según la Organización Mundial de Salud, en Chile el rango estaría entre el 7% y el 10%. Para saber realmente quiénes y cuántos, el Fonadis realizó el Estudio Clasificador Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF). Las cifras estarán disponibles en los próximos días y se espera reflejen la realidad en forma más precisa.