Codelco presentó una querella criminal -en el marco del caso conocido como "Muñeca Bielorrusa"- dirigida contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el contador Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, los abogados Carlos Lagos y Mario Vargas, y tres conservadores de Bienes Raíces, además del dueño de una casa de cambios.
La acción penal fue declarada admisible este martes 18 de noviembre por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Según detalló la estatal, la querella apunta a la presunta participación de Vivanco y Migueles "en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos"; de Lagos y Vargas "en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos"; y de Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro "en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa".
La estatal fundamentó esta acción en los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la reciente formalización de Vargas, Lagos y Migueles.
De acuerdo con el documento, "el relato de la Fiscalía en esa audiencia confirmó las sospechas que Codelco mantuvo desde el inicio respecto de la tramitación irregular de su demanda presentada contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM)".
Codelco afirmó que las actuaciones descritas por el Ministerio Público coinciden con las irregularidades que detectó desde 2023 y que derivaron en resoluciones que la obligaron a pagar "más de $17 mil millones en favor del consorcio".
En la querella, Codelco sostiene que las conductas en cuestión responden a un "patrón de comportamiento", donde la exministra Vivanco habría intervenido de manera reiterada para favorecer los intereses de CBM.
El texto resalta que la exministra "efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva", y que incluso ordenó "la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta".
El escrito agrega que dichas actuaciones constituyen "infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja". En esa línea, la querella incluye episodios que la Fiscalía calificó como claves para acreditar cohecho y soborno, entre ellos una serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra "inmediatamente después de que Codelco pagara miles de millones de pesos al consorcio".
La estatal también detalla pagos realizados por Movitec al estudio Lagos y Vargas coincidentes con resoluciones desfavorables para Codelco, y expone cómo parte de esos montos habrían llegado a la cuenta corriente de Migueles mediante operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro, destinadas a ocultar el origen de fondos que la corporación considera ilícitos.
Codelco afirmó en la presentación que fue reconocida como víctima en la investigación abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024.
En ese marco, subrayó que ha colaborado "aportando todos los antecedentes, solicitando diligencias que generaron las principales líneas de investigación desarrolladas por el Ministerio Público y compareciendo en cada instancia, y ejerciendo su derecho a ser oída para contribuir al esclarecimiento íntegro de los hechos".
Con esta querella, la empresa busca ejercer todas las facultades que la ley otorga a los querellantes para que se determinen responsabilidades por cohecho agravado, soborno y lavado de activos, así como otros delitos que puedan surgir durante la indagatoria.
En su comunicado, la estatal enfatizó que actuará "con el máximo rigor para la defensa de la fe pública y la protección de los recursos que pertenecen a todos los chilenos".
