Reacciones en el Congreso generó el fallo de la Corte Suprema que confirmó una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago favorable al Instituto Profesional Santo Tomás.
Esto, en el marco de una controversia por el cálculo de los aranceles regulados que el Estado pagó por alumno en gratuidad durante 2025.
La disputa se originó luego de que
la Subsecretaría de Educación Superior, entonces encabezada por Víctor Orellana (FA), introdujera modificaciones en los criterios asociados al tamaño de las instituciones técnico-profesionales, lo que alteró su clasificación y, con ello, el financiamiento que les correspondía recibir.
El tribunal de alzada había concluido que la subsecretaría incurrió en una actuación "arbitraria e ilegal", al aplicar cambios que no habían sido observados por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) y sin entregar fundamentos técnicos suficientes.
Así, la Corte ordenó al Ministerio de Educación corregir las resoluciones impugnadas, restablecer los criterios originales contenidos en la resolución previa de febrero de 2024 y recalcular los aranceles derivados de esos parámetros.
Según antecedentes de la Subsecretaría de Educación Superior, el cumplimiento del fallo obligaría a distribuir retroactivamente más de $19 mil millones correspondientes a 2025 y sumar cerca de $20 mil millones adicionales en 2026 para las mismas instituciones.
En total, el impacto fiscal alcanzaría aproximadamente $39 mil millones y beneficiaría a 10 casas de estudio.
El monto se produce luego de que el ajuste original al presupuesto de gratuidad ascendiera a $46.048 millones: $19.184 millones en universidades y $26.864 millones en institutos profesionales y centros de formación técnica.
Reacción parlamentaria
El fallo generó cuestionamientos entre parlamentarios de las comisiones de Educación, quienes apuntaron al impacto fiscal de la resolución y a la forma en que la administración anterior modificó los criterios.
El senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión de Educación del Senado, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema "agrava aún más la situación financiera del Estado", debido a que no se consideró en el presupuesto 2026 una provisión específica, pese a que el caso estaba identificado como un riesgo fiscal.
A su juicio, "esta fue una actuación (por parte de la Subsecretaría) arbitraria sin fundamentos técnicos, es decir, arbitraria y posiblemente fuera del marco legal, ya que no se consideró a la comisión de expertos para la regulación de aranceles".
Además, planteó que Hacienda deberá proveer los recursos y que el Mineduc debe revisar eventuales responsabilidades legales, junto con corregir el procedimiento para "evitar actuaciones arbitrarias en el futuro".
En tanto, en la cámara baja, el diputado Diego Vergara (Rep.) afirmó que el fallo refleja "nuevamente un error que genera el gobierno anterior", y cuestionó que el Estado intervenga en la fijación de precios en educación superior.
"El Estado no debe nunca interferir en fijación de precios", sostuvo, argumentando que cada institución tiene aranceles distintos según sus características, ubicación, tamaño y estructura. "Si el Estado llega y fija precios a su libre criterio, eso va generando este error gigante que tenemos que corregir en este gobierno entrante", agregó.
La diputada Paz Charpentier (Rep.), en tanto, advirtió que "lo grave de este caso no son solo los $39 mil millones que terminarán pagando todos los chilenos", sino que la Corte Suprema haya confirmado que el gobierno anterior modificó reglas de financiamiento "de manera ilegal y arbitraria".
"Un país serio no puede funcionar con criterios cambiantes según la ideología o voluntad del gobierno de turno", señaló. Según la parlamentaria, cuando el Estado "improvisa" y actúa sin sustento técnico, las consecuencias las terminan pagando las familias chilenas con menos recursos disponibles para áreas como seguridad, salud o educación.
Por su parte, la diputada Valentina Becerra (Rep.) sostuvo que el fallo "confirma lo que denunciamos desde el primer día", acusando que la administración anterior operó "al margen de la ley" y con una gestión "ideológica y profundamente irresponsable".
A su juicio, modificar de forma arbitraria e ilegal los cálculos de la gratuidad "no fue un simple error técnico", sino una muestra de mal uso de los recursos fiscales. La parlamentaria valoró el dictamen, señalando que exige que los fondos públicos se administren "de manera transparente, correcta y con estricto apego a la legalidad".
El diputado Germán Verdugo (PNL) también apuntó contra la gestión anterior y afirmó que la resolución "demuestra la desprolijidad" con que se modificaron los cálculos de la gratuidad.
"Modificar los cálculos de la gratuidad de manera ilegal y a puertas cerradas no fue un descuido, fue una arbitrariedad ideológica que comprometió gravemente las arcas fiscales", sostuvo. Además, valoró el fallo porque, a su juicio, "pone un límite al abuso de poder" y refuerza que los recursos públicos deben administrarse con rigurosidad y transparencia.
Consultados al respecto, diputados y senadores de oposición integrantes de las comisiones de Educación no respondieron.
