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Justicia española abre investigación contra ETA por "delito de lesa humanidad"

La Audiencia Nacional acogió las querellas de víctimas, tras considerar que las acciones de la organización terrorista "se cometen como parte de un ataque sistemático contra una parte de la población civil".

10 de Julio de 2015 | 11:12 | AFP
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La decisión fue adoptada por el juez Juan Pablo González.

Reuters
MADRID.- La justicia española abrió una investigación contra ETA por "delito de lesa humanidad", una decisión inédita pero calificada este viernes de "simbólica" en un momento en que la organización independentista vasca lleva casi cuatro años sin actividad armada.

En una resolución divulgada este viernes, un juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, admitió a trámite las querellas presentadas por varias asociaciones de víctimas por "los delitos de asesinato o secuestro que pudieran haber sido cometidos por miembros de la organización terrorista desde el 1 de octubre de 2004", fecha de entrada en vigor de esa figura en el código penal español.

El juez Juan Pablo González considera que las acciones de ETA se pueden enmarcar dentro de los crímenes de lesa humanidad que contemplan la comisión de delitos de asesinato o traslado forzoso, entre otros, cuando se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella, siendo éste el elemento que los convierte en crímenes contra la humanidad".

"En el caso de los crímenes de ETA concurren dichos elementos o circunstancias, pues los hechos delictivos se cometen como parte de un ataque sistemático contra una parte de la población civil, constituidos por colectivos que son perseguidos por razones políticas e ideológicas, cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror son considerados por la organización estratégicamente necesarios para la consecución de sus objetivos políticos", subraya.

Clasificada como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), ETA es considerada responsable de 829 muertes en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco. En octubre de 2011, anunció el cese definitivo de su actividad armada pero sigue sin disolverse ni entregar las armas, pese a la exigencia de los gobiernos de España y Francia.
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