El largo e incierto proceso que se llevaría a cabo para destituir a Dilma Rousseff

Una comisión especial de diputados, que represente a cada partido político, deberá votar un informe que especifique si se apoya o rechaza la iniciativa. Los expertos se muestran divididos ante el sustento jurídico del caso.

02 de Diciembre de 2015 | 19:34 | AFP

La oposición acusa a Rousseff de haber maquillado las cuentas públicas de 2014 y 2015 de forma deliberada.

AFP.

RÍO DE JANEIRO.- El proceso de destitución contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, iniciado este miércoles por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, se anuncia como un largo camino parlamentario y jurídico de final imprevisible.

La causa que se extendería durante meses podría fracasar incluso antes de su desenlace, en el caso de que no se encuentren los fundamentos jurídicos o apoyos parlamentarios suficientes para desarrollarla. Aunque también podría desembocar en la destitución de la presidenta y, además, en su condena a una pena de inegibilidad.

En caso de destitución, Rousseff sería sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB) hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018.

Las próximas etapas



El primer paso a seguir es la creación de una comisión especial de diputados representativa de cada partido presente en la Cámara baja, en un plazo aún desconocido. Una vez formada, esta comisión tendrá un plazo de 15 sesiones parlamentarias para votar un informe sobre si apoya o no la destitución de la presidenta.

Este informe será inscrito en el orden del día del plenario de Diputados que deberán votar la acusación de la presidenta. Son necesarios dos tercios del total, o sea 342 de los 513 diputados, para que se abra el juicio de impeachment.

En caso de acusación, Rousseff sería apartada de manera provisoria de sus funciones durante un máximo de 180 días. El Senado es quien se ocupará de juzgarla en una sesión plenaria dirigida por el presidente de la Corte Suprema. Son necesarios dos tercios de los votos del Senado, o sea 54 de un total de 81, para destituir inmediatamente a la mandataria. De lo contrario, ésta reasumirá inmediatamente sus funciones.

Lo que se le reprocha a Rousseff



La oposición le acusa de haber maquillado las cuentas públicas de 2014 y 2015 de forma deliberada. Con el objetivo de minimizar el impacto de la crisis, Rousseff habría cargado a los bancos públicos gastos correspondientes al gobierno por un total de 41.000 millones de reales en 2014. Estas prácticas se habrían reproducido al comienzo de 2015, después de su reelección, según sus oponentes. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio un impulso a la oposición a principios de octubre cuando recomendó a los diputados que rechazaran las cuentas del año pasado.

Los partidarios del impeachment juzgan que estas prácticas constituyen un "crimen de responsabilidad" por parte de la presidenta, uno de los motivos de destitución previstos en el artículo 85 de la Constitución brasileña, especialmente por violación de la Ley de Finanzas públicas.

Expertos divididos ante sustento jurídico del proceso


Es difícil asegurar si hay o no respaldo judicial ante este proceso, pues los juristas brasileños más destacados están divididos sobre este punto.
"Puede que se reúnan las condiciones políticas debido a la baja popularidad y falta de apoyos de la presidenta en el Parlamento. Pero en nuestro sistema presidencialista, el impeachment no debe transformarse en una moción de censura", afirma Thomaz Pereira, profesor de Derecho en la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro.
"Se necesita que un delito preciso pueda imputarse directamente a la presidenta para motivar su destitución, algo que no está nada claro en este momento", añadió. "Transformar el instrumento de destitución en un voto de confianza podría convertirse en una fuente de inestabilidad para cualquier presidente en el futuro", alertó Pereira.

¿Es probable que se llegue a la destitución?



Más allá del derecho, se trata también de un proceso político cuyo resultado dependerá del juego de fuerzas en el Congreso. La presidenta Rousseff acusó a la oposición de promover "una tentativa de golpe de Estado disfrazado" y de actuar por revancha tras la ajustada derrota electoral de hace un año.

Sobre el papel, la coalición parlamentaria que salió de aquellos comicios no debería tener problemas gracias a sus 314 diputados (61,2%) para proteger a la presidenta del voto contra ella, que necesitaría el apoyo de dos tercios de la Cámara.

En la práctica, sin embargo, el panorama es mucho más complicado: desde el comienzo de su segundo mandato, Rousseff ha sufrido una cascada de reveses en el Parlamento, prueba de que su mayoría está peligrosamente fisurada bajo los efectos de la crisis económica y del escándalo de corrupción en Petrobras, que alimentan una crisis política incontrolable. Su popularidad está en caída libre y ronda mínimos históricos con sólo el 10% de apoyo.

La oposición, de su lado, se apoya en este contexto y en la presión de la calle para incitar a los diputados de su coalición a abandonar el barco presidencial antes del naufragio. Para sacar el proceso adelante, los detractores de Rousseff deberían conseguir los votos de, al menos, 28 legisladores de la coalición en la Cámara de Diputados.

La misma lucha de fuerzas se disputaría de nuevo en el Senado, donde Rousseff cuenta con una mayoría más estable que en la cámara baja gracias a sus 51 senadores (62,9%).

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