Reuters (Imagen de archivo)
RIAD.- Arabia Saudita anunció el sábado la ejecución de 47 reos con cargos de terrorismo en su contra, incluyendo un clérigo que fue una pieza clave de las protestas de 2011 inspiradas en la Primavera Árabe.
La muerte del jeque Nimr al-Nimr podría provocar nuevos disturbios entre la minoría chií de Arabia Saudí, que se concentra sobre todo en el este de la nación petrolera, y en Bahrein, que tiene un nivel de violencia bajo desde las protestas de su mayoría chií para pedir más derechos a la monarquía, de la rama suní del islam, en 2011.
El nombre del clérigo estaba en la lista de 47 personas publicada por la agencia oficial de noticias saudí (SPA), que atribuyó la información al Ministerio del Interior. La televisora estatal también informó sobre las ejecuciones.
De los ejecutados, 45 eran ciudadanos saudíes, uno procedía de Chad y otro de Egipto, explicó el reino.
Al-Nimr fue un destacado crítico del gobierno de la pequeña nación insular de Bahrein, donde la monarquía suní reprimió con dureza las protestas de 2011 liderados por chiíes. Arabia Saudita envió tropas para ayudar a Bahrein a frenar el levantamiento por el temor a que se extendiera.
Amnistía Internacional dijo que la sentencia contra el clérigo, que tiene unos 50 años, forma parte de una campaña de las autoridades saudíes para "acabar con toda la disidencia".
Antes de su detención en 2012, al-Nimr había dicho que la gente no quiere gobernantes que maten y cometan injusticias contra manifestantes. Durante su juicio, se le preguntó si desaprobaba a la familia gobernante Al Saud.
"Si terminan las injusticias contra chiíes en el este, entonces (en ese momento) puedo tener una opinión diferente", respondió el clérigo, según su hermano Mohammed, que asistió a la vista y habló con The Associated Press antes de conocer el veredicto.
Al-Nimr no negó los cargos políticos en su contra, pero dijo que nunca portó armas ni hizo llamados a la violencia.
Arabia Saudí realizó al menos 157 ejecuciones en 2015, con las decapitaciones alcanzando su número más alto en el país en dos décadas, apuntaron varios grupos de derechos que monitorean la pena capital en todo el mundo.
