BUENOS AIRES.- La Justicia argentina procesó hoy a ex funcionarios kirchneristas y a empresarios por el presunto origen irregular de fondos donados por empresas farmacéuticas para la campaña electoral de 2007, que llevó a la Presidencia a Cristina Fernández, informaron fuentes judiciales.
El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, procesó, en concreto, a Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la kirchnerista Alianza Frente para la Victoria, Sebastián Gramajo, ex legislador de la ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral.
Completan la lista de procesados los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, víctima de un conocido triple crimen cuyo autor intelectual fue recientemente capturado).
Según la investigación, los aportes realizados por las empresas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp para la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2007, 886 mil pesos en total (unos 63 mil dólares al cambio actual), eran de "origen ilícito" y se ingresaron en la recaudación "a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud"
Los procesados "fueron los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo", reza un comunicado difundido hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ).
"En base a las limitaciones que presentaba la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) necesitaban de compañías privadas para desarrollar la maniobra, ya que no podían realizar donaciones anónimas y, además, tenían un tope máximo por empresa", expresa el texto.
Para el juez está demostrado que "las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio el recibo por parte de éstos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo".
Ninguna de las tres compañías contaba "con capacidad económica suficiente" para hacer frente a los montos donados ya que no guardaban similitud con los parámetros de dinero que manejaban, y además no poseían registros contables" de ellos.
Lijo considera que "solo era posible" que las farmacéuticas hicieran estos aportes si ese dinero no les pertenecía y, por tanto, "se trataba de blanquear dinero de origen espurio que no se encontraba debidamente declarado", agrega el comunicado.
"El cheque para su cobro en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja. Incluso (el juez) recalcó que había cuentas bancarias que hasta ese momento presentaban saldo negativo", especifica el CIJ.
Además, la forma en la que se realizaban los depósitos permitía que no quedara rastro de quién realizaba el aporte.
Respecto del origen ilícito del dinero, el juez lo relaciona tanto con operaciones financieras anómalas como con una presunta "conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con otras actividades delictivas, o con personas o grupos relacionados con ellas".
Lijo habla del supuesto vínculo de los procesados con una mafia de los medicamentos (en especial, de tráfico de efedrina, precursor químico para la síntesis de anfetamina) e incluso de "indicios de que el dinero pudo haber provenido de carteles de droga de México".
