SANTIAGO.- A raíz de la ejecución del colombiano Ismael Enrique Arciniegas, de 74 años, acusado de narcotráfico en China, surgen nuevamente las críticas y oposiciones a este tipo de sentencias realizadas en algunos países de Asia.
El continente asiático ha sido reconocido por tener mano dura contra la lucha del narcotráfico, utilizando el uso de la pena capital como medida para dar el ejemplo de las consecuencias que tiene el tráfico de drogas y su consumo dentro de algunos países.
"Resulta descorazonador que tantos países sigan aferrándose a la falsa idea de que matando a personas conseguirán de algún modo terminar con la adicción o reducir la delincuencia. La pena de muerte no sirve para hacer frente a la criminalidad o para proporcionar a quienes necesitan ayuda acceso al tratamiento para superar la drogadicción", manifestó Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.
La pena capital en China e Indonesia
La lucha contra las drogas es una de las grandes batallas que tiene el Presidente chino Xi Jinping, lo que él llama "males de la sociedad". Por lo mismo, estos actos son castigados; por ejemplo, el tráfico de más de 50 gramos de estupefacientes puede ser condenado con 15 años en la cárcel, cadena perpetua e inclusive la pena de muerte.
En agosto de 2014, la Policía de Beijing en China comenzó con la campaña de pruebas aleatorias de orina para detectar consumidores de drogas.
Arciniegas, el primer colombiano ejecutado en el mundo por pena de muerte, trae a flote la realidad que se vive en China respecto a los extranjeros que viajan portando drogas.
Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) registró en el 2015 un total de 14 ejecuciones en Indonesia por acusaciones de tráfico de drogas. Un fusilamiento con los ojos vendados es una de las "técnicas" preferida del Presidente indonesio Joko Widodo, quien declaró a su país en "estado de emergencia" por la cantidad de drogas que habían llegado a sus calles durante el 2016.
Uno de los casos más controversiales ocurrió en 2015, cuando el brasileño Rodrigo Gularte fue ejecutado por tráfico de drogas, pese a que las autoridades de Brasil pidieron clemencia, el gobierno indonesio se negó a la petición.
Gularte fue capturado en julio de 2004 en el aeropuerto de Yacarta, transportando seis kilos de cocaína escondidos en una tabla de surf.
"Escuadrones de la muerte" filipinos
Por su parte, el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró durante su campaña electoral que acabaría con las drogas en seis meses "matando a los criminales si hace falta". Es así como desde su investidura casi 2 mil personas -entre presuntos narcotraficantes y consumidores- han muerto a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos de vigilancia que patrullan las calles de las ciudades del país.
Es así como ha habido 5.927 muertes relacionadas con la "guerra contra las drogas", según las cifras publicadas por la Policía Nacional Filipina que abarcan entre el 1 de julio y el 12 de diciembre de 2016.
Del total, 2 mil personas murieron en operaciones policiales y casi 4 mil en ejecuciones extrajudiciales o en acciones de los vigilantes. Por último, más de 40 mil sospechosos han sido arrestados.
Tanto organizaciones civiles como AI y Humans Right Watch (HRW) han insistido en que la pena capital en delitos relacionados con drogas es un incumplimiento al Derecho Internacional y a los tratados internacionales sobre derechos humanos y estos mismos han criticado duramente esta particular guerra emprendida por el nuevo Mandatario filipino.
Pero estos no son los únicos países, ya que entre 2014 y 2015, Amnistía Internacional registró ejecuciones o condenas a muerte por delitos de drogas en lugares como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kuwait, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.
