SANTIAGO/LA PAZ.- Culparon al piloto, detuvieron a una decena de funcionarios de la aerolínea y del Estado. Pero todo quedó allí. A exactamente un año del fatídico accidente del avión de la compañía boliviana LaMia que cayó con el equipo Chapecoense a bordo, poco han avanzado las investigaciones y sanciones.
"Lamentablemente ha transcurrido un año y no se ha investigado ni adecuada ni eficientemente. Prácticamente la investigación ha sido nula", explicó Jerjes Justiniano, abogado de Gustavo Vargas, ex gerente de la empresa aérea.
Fue el vuelo 2933 que salió desde Santa Cruz, Bolivia, y se precipitó poco antes de llegar al aeropuerto de Rionegro, ubicado cerca de la ciudad colombiana de Medellín. En su interior viajaban 77 futbolistas del club Chapecoense, directivos y periodistas que se dirigían a la final de la Copa Sudamericana 2016, que el equipo brasileño disputaría con el Atlético Nacional. En el accidente murieron 71 personas, entre ellas gran parte del plantel.
Después de la tragedia, el Gobierno y la fiscalía de Bolivia prometieron celeridad para aclarar cómo el avión, un AvroRJ británico, pudo despegar irregularmente. Sin embargo, aún no hay juicio y las indagaciones de las causas del accidente y de quiénes fueron los responsables dejan muchas interrogantes sin respuesta.
Lo que se sabe
Según indicó un informe entregado por el ministro de Transporte y Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, en diciembre de 2016, la duración del vuelo era de 4 horas y 20 minutos y la autonomía del avión era exactamente el mismo tiempo. Por reglamentación, las aeronaves deben tener reserva de combustible para llegar al aeropuerto alterno más lejano y estar 45 minutos más en el aire. De esta forma, el LaMia debió haber realizado un reabastecimiento en un punto intermedio. Algo que no hizo.
Además de lo anterior, las investigaciones se han enfocado en la validez del permiso que permitió volar a la empresa. Nacida en Venezuela en 2009, LaMia obtuvo licencia en 2015 para operar vuelos chárter en Bolivia. No obstante, este certificado sería considerado irregular, puesto que se entregó en un contexto de conflicto de intereses: Gustavo Vargas Villegas, ex gerente de la compañía, es padre de Gustavo Vargas Gamboa, ex director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) boliviana.
Por último, la investigación del Ministerio Público en Chapecó puso en evidencia que LaMia cobró por el servicio brindado al club de fútbol 130 mil dólares: menos de la mitad de lo que cobraba la aerolínea comercial Gol, que cotizó el trayecto en 312 mil dólares.
Los presuntos responsables
El análisis entregado por Claros a finales del año pasado afirma que el piloto del chárter y la empresa, son los directos responsables de la tragedia aérea. Pero también señaló a funcionarios de la DGAC y a los controladores y supervisores del aeropuerto de Viru-Viru en Santa Cruz.
Los primeros en ser detenidos fueron el ex gerente de la aerolínea, y su hijo. Ambos fueron arrestados una semana después de la caída del avión y permanecieron en prisión preventiva por seis meses. Tras ese periodo, el primero se encuentra en detención domiciliaria y al segundo se le revocó la medida cautelar. De todas formas, ambos siguen siendo investigados.
Respecto a los socios de la firma aérea, uno de ellos, Marco Antonio Rocha, está prófugo, y Miguel Quiroga murió mientras piloteaba el avión siniestrado. Sin embargo, según un reporte del portal brasileño G1, existen documentos que mostrarían que la negociación con el Chapecoense la hizo una empresa perteneciente a la venezolana Loredana Albacete, hija del ex parlamentario Ricardo Albacete. Éste admitió en 2016 ser propietario de la nave siniestrada y que él se la arrendaba a LaMia Bolivia.
Por otro lado, la investigación también emitió órdenes de detención contra funcionarios de Aasana (autoridad de aeropuertos de Bolivia), por haber permitido que la aeronave despegara a pesar de que no cumplía con los requisitos. Tal es el caso de Miguel Teodovich, supervisor de Tránsito Aéreo, quien se encuentra preso, y de la técnica aeronáutica Célia Castedo, actualmente refugiada en Brasil.
Según esta última, aquel 28 de noviembre ella sí puso objeciones al despegue. "Me percaté del problema del combustible. Fui la primera en decir que eso estaba mal", dijo al portal brasileño NSC. Castedo dijo tener pruebas de que LaMia hizo al menos ocho vuelos al límite del combustible sin recibir sanción. El avión siniestrado había servido con anterioridad a otros clubes y selecciones nacionales, como la de Argentina: el propio Lionel Messi fue transportado en esa aeronave solo días antes del fatídico accidente.
La principal duda
No obstante, aún quedan muchas dudas por responder. "Hay muchos aspectos que no están claros: ¿quién autorizó (el vuelo)?, ¿Dónde estaban los inspectores?, ¿Por qué el piloto no hizo reabastecimiento?, ¿Quién era el responsable de supervisar la autonomía de vuelo?", comentó Mariano Medina, abogado del supervisor Teodovich.
Otras preguntas serían por qué se autorizó la salida del avión si no cumplía con los requisitos y por qué una empresa de estas características contaba con permiso para volar. Pero una de las grandes interrogantes que se plantean los investigadores es el por qué el piloto -y dueño de la firma- no declaró la emergencia y solo pidió prioridad, a pesar de que le quedaban menos de cinco minutos de combustible, las condiciones climáticas eran difíciles y había alto tráfico aéreo.
De todas formas, estas las preguntas que aún quedan abiertas, se espera sean respondidas la primera semana de diciembre, cuando la Aeronáutica Civil revele el informe final de la investigación, en la que también participaron autoridades de Bolivia y Brasil.
